Tras conocer el proyecto del gobierno que modifica la Ley Antiterrorista, los diputados de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, Marcela Sabat, Diego Paulsen y Jorge Rathgeb, junto al UDI Arturo Squella, manifestaron sus aprehensiones frente a la iniciativa del Ejecutivo, ya que a su juicio se estaría debilitando su aplicación, especialmente a los delitos cometidos en la Araucanía.
Para el diputado Edwards, “la ley actual requiere de verificar el delito y el ánimo de generar temor y la nueva ley no sólo requiere de verificar el delito, sino también el ánimo y también la pertenencia a una asociación criminal, que es un nuevo estándar probatorio que va a hacer mucho más difícil que finalmente se establezcan condenas con esta ley”.
Del mismo modo, el parlamentario agregó que para el caso de la Araucanía, “esta es simplemente una ley de amnistía, acá lo que están haciendo es sacar la posibilidad de un incendio sea terrorista, la posibilidad de que un descarrilamiento de un tren sea terrorista, la posibilidad de que un secuestro de un medio de transporte sea un delito terrorista. Francamente en ese tipo de delito ¿Cuál puede ser su objetivo si no el de generar temor?”, preguntó el diputado de RN.
“Esos delitos que son los que más ocurren la Araucanía-continuó- están fuera de la posibilidad de que se le aplique la ley antiterrorista. Además, prácticamente imposibilita el uso de testigos protegidos, no se consideran recursos para poder protegerlos y por lo tanto la posibilidad de tener estos testigos para que aporten información en contra de estas bandas va a ser muy difícil”, criticó el legislador.
Por su parte, el diputado UDI, Arturo Squella, lamentó que el Ejecutivo “haya presentado un proyecto de ley que no corrige en lo absoluto uno de los elementos más cuestionados que tiene la actual ley antiterrorista, es decir, esta dificultad en el estándar probatorio que se le exige a los fiscales a la hora de buscar una condena”. Sobre el punto, el legislador precisó que “insistir en la lógica de una asociación criminal terrorista, deja fuera una gran cantidad de casos que han ocurrido, que están siendo investigados y que difícilmente, por parte de la Fiscalía, van a ser posibles de probar”.
“No nos parece que se le pongan más piedras en el camino a los fiscales a la hora de buscar una condena con la aplicación de la ley antiterrorista”, sostuvo.
Otro de los errores que, en opinión del parlamentario UDI tiene la iniciativa gubernamental, dice relación con que “en vez de aumentar el catálogo de delitos incluidos en la ley, se disminuye, dejando fuera delitos como el de incendio”, lo que calificó como “un atentado para los casos que vemos todos los días en la región de La Araucanía”.
Entre los aspectos positivos, el diputado Squella destacó que se acogieron distintos contenidos del proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera en 2010 y que fueron rechazados en su momento por los parlamentarios de la Concertación. “Esta es una buena oportunidad para dotar de mejores herramientas a los fiscales”, dijo el parlamentario, aunque añadió que ello “no sirve de nada si es que el tipo penal terrorista incluye nuevamente un dolo especial y no objetiviza la aplicación de la ley, que es lo que todos esperábamos”.
Finalmente, la diputada de RN Marcela Sabat, agradeció el esfuerzo académico en el proyecto, sin embargo señaló que “tengo legítimos reparos que el remedio sea peor que la enfermedad. En efecto, se termina prácticamente con el testigo protegido y se crea un tipo penal de asociación ilícita terrorista ambiguo, lo que puede hacer aún más difícil la obtención de condenas. Finalmente la eficacia es todo el problema, y para ello bastaba reformular el tipo penal terrorista y dotar de herramientas procesales a la fiscalía, limitando la procedencia del testigo protegido para resguardar garantías procesales del imputado”.
