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En rueda de prensa efectuada en el Congreso Nacional, la Directiva de REDCO V Región reiteró su llamado al Gobierno para prorrogar el plazo de la Ley 20.845.

Con el fin de continuar por el camino del diálogo, la Red de Sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados de la Quinta Región y el senador Francisco Chahuán dieron a conocer a la Opinión Pública la oscura realidad que están viviendo los proyectos educativos a raíz de la puesta en marcha de la Ley de Inclusión.

“La educación de la clase media está camino al cementerio. Es por eso que hemos pedido a la ministra de Educación que postergue el plazo para que los colegios particulares subvencionados puedan tomar la decisión de ser particulares pagados o transformarse en corporaciones sin fines de lucro, desde marzo del año 2017 a marzo de 2019. Esto lo señalamos porque en nuestras regiones ya se está produciendo una situación compleja, en que colegios particulares subvencionados se están transformando en particulares y en que, efectivamente, hay un costo social asociado a personas o alumnos vulnerables que están quedando en tierra de nadie”, enfatizó el senador Francisco Chahuán.

En este contexto, sumado a la preocupación de los sostenedores frente a los vacíos técnicos y de representatividad de la ley, lo cual han expuesto en forma reiterada frente a diversos parlamentarios y autoridades, el legislador agregó: “porque queremos defender la educación de la clase media es que, a partir de ahora, se inicia una movilización que va a poner sobre la mesa claramente la imperiosa necesidad de que el Ministerio de Educación prorrogue el plazo para la toma de decisión, desde marzo del año 2017 a marzo del año 2019, puesto que todavía no están los Reglamentos para dar claridad a que los colegios tomen una decisión adecuada”.

Al respecto, Jaime Molina, vocero de REDCO V Región, explicó las repercusiones de dicha ley en sus diferentes ámbitos.

“Nosotros estamos acá planteando una inquietud bastante grande al senador Francisco Chahuán que implica dos cosas: una, el costo social de lo que significa para la clase media de todos aquellos colegios que se van a transformar en particular pagado o que van a cerrar. Este plazo es inminente, pues todos los colegios deben tomar la decisión o informarla en marzo de 2017. Por lo tanto, creemos que debe existir un aplazamiento de esa fecha, porque no están las condiciones para poder tomar las decisiones. ¿A qué condiciones nos referimos? Fundamentalmente, a los Reglamentos. Los Reglamentos que en definitiva aterrizan la ley no están en su plenitud, por lo tanto no nos permiten tomar una decisión seria, como la que debemos informar”, aclaró.

GOLPE A LA CLASE MEDIA

Acompañado por la Directiva de la Red de Sostenedores, Molina agregó que “el costo social es innegable, lo podemos cuantificar. Hoy día, aproximadamente un 25 por ciento de los colegios particulares subvencionados que no se han adscrito a gratuidad, pueden estar en condiciones de pasar a particular pagado o, en definitiva, cerrar. Creemos que hoy día, la educación de la clase media es la que está siendo enviada directamente al cementerio. Se está sepultando la educación de la clase media. Eso nosotros lo podemos ver”.

En la ocasión, el vocero dio algunos ejemplos de las determinaciones que algunos establecimientos educacionales ya están tomando, basados en las disposiciones de la actual Ley de Inclusión y que van a repercutir en un costo social que nadie va a asumir.

“Muchas veces el Gobierno indica que nosotros no damos datos concretos o nombres. Nosotros vamos a dar un nombre de un colegio de La Calera que ya pasó a particular, que es el colegio Fundadores. La pregunta es: quién se hace cargo de todos aquellos niños que contemplan el 15 por ciento, que estudiaban gratuitamente; qué pasa con aquellos colegios que van a pasar el próximo año a particular pagado, como el colegio Portaliano de San Felipe; quién asume ese costo social”, inquirió.

Finalmente, Jaime Molina agregó “yo recuerdo con claridad que el senador Ignacio Walker, mientras estábamos en el proceso legislativo, mientras se legislaba esta Ley de Inclusión, manifestó “si un colegio cierra o si un colegio se transforma en particular pagado, esta reforma habrá de fracasar” o más bien, nace muerta. La educación de la clase media está en riesgo y yo no veo al senador Walker que se pronuncie al respecto. Por eso, es imperioso y absolutamente necesario que exista un aplazamiento para las tomas de decisiones”, recalcó.