En medio de la discusión por la crítica situación por la que pasa CODELCO, el Diputado Christian Urízar anunció que, junto a la Bancada Socialista, está de acuerdo con promover la derogación de la Ley Reservada del Cobre y discutir una fórmula plurianual de financiamiento de las fuerzas armadas.

Al respecto el parlamentario indicó que “…dadas las condiciones actuales por las que pasa CODELCO, por todos conocidas, hemos realizado un debate al interior de la Bancada del Partido Socialista y hemos llegado a la convicción de que es el momento de derogar la Ley Reservada del Cobre”.

En forma responsable –enfatizó el legislador- hemos presentado dos proyectos, uno que habla directamente de la derogación de dicha ley y un segundo proyecto orientado a la forma en que se puede financiar a las fuerzas armadas con presupuestos plurianuales”.

Agregó Urízar que “…CODELCO es de todos los chilenos, hay que cuidarlo y protegerlo y estamos convencidos que este el momento de iniciar esta discusión de tal forma que también la gente de las FF.AA. entienda que la protección de este patrimonio es responsabilidad de todos, incluidos ellos”.

La ley 13.196, conocida como Ley Reservada del Cobre, aprobada durante el segundo mandato de Carlos Ibañez del Campo, fue modificada durante la dictadura militar mediante el decreto 984 (1975) y su texto definitivo fue establecido por el decreto 1.530 de 1976, tiene como objeto destinar el 10% de los ingresos de la venta de cobre, principal producto de exportación del país, para la compra y mantenimiento del armamento y materiales de las fuerzas armadas de nuestro país.

El experto en salud de la Universidad de Santiago, Mauricio Osorio, afirma que la decisión del SII de aplicar impuestos sobre las costas por juicios donde se alegan repactaciones sin consentimiento, implicará modificar el modelo de negocio de estas aseguradoras o, de lo contrario, obtendrán menos ganancias.

“El alza unilateral ya no puede ser. Tienen que pactarlas con sus afiliados. Van a tener que readecuar al menos el ajuste, porque lo que ellos hacían al adecuar sus planes era tratar de incorporar elementos que ahora, con esta decisión, no podrán hacer. Tendrán que entrar a una nueva etapa”, advierte.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) resolvió esta semana que las Isapres, además de pagar las costas de los juicios por alzas unilaterales en los precios de los planes de sus cotizantes, tienen que pagar un impuesto sobre ese valor. El fallo señala que el dinero que cancelan las administradoras por estos litigios no puede ser concebido como un gasto relacionado a sus funciones. Al respecto, las entidades privadas han advertido que el fallo es “grave” porque colocaría “una dificultad más al sistema”, ya que implicaría menos ganancias y más judicialización, lo que podría repercutir en la inviabilidad del negocio a futuro.

El Director de la Escuela de Medicina, Mauricio Osorio, sostuvo que los reclamos de las Isapres por este tema son injustificados y que la decisión las obligará a redefinir su negocio. “El alza unilateral ya no puede ser. Tienen que pactarlas con sus afiliados. Van a tener que readecuar al menos el ajuste, porque lo que ellos hacían al adecuar sus planes era tratar de incorporar elementos que ahora, con esta decisión, no podrán hacer. Tendrán que entrar a una nueva etapa”, asegura.

“Obviamente que el negocio puede verse perjudicado. Eventualmente, con algunos grados de complicaciones o riesgos, pero eso es propio de cualquier negocio con fines de lucro, como las Isapres”, agrega.

De acuerdo al experto, la decisión de aplicar un impuesto sobre las costas de los juicios donde se determina el alza unilateral que perjudica al cotizante “solo corrige un vicio existente. Esto era parte de lo que debe prever la Isapre. Las alzas unilaterales no debieran haberse realizado. La estrategia de estas instituciones debiera ser diferente”, sostiene.

El especialista en salud explica que los dineros que justifican las empresas como costos o gastos son aquellos relacionados con su giro y, por lo tanto, tienen una tributación menor. “En este caso, el gasto es evitable, porque el alza es unilateral. No es lo que debiera hacer el resto de la institucionalidad de salud previsional. Si se incumplen las normas que regulan los planes, los impuestos corresponden”, afirma.

En ese sentido, Osorio plantea que “uno no puede definir si un negocio es rentable por esta situación en particular. Esto es parte de lo que estaba así definido. Uno tiene que saber que cuando uno tiene un negocio, porque las Isapres son un negocio, a veces le va bien y otras veces, mal. No siempre tendrá el mismo nivel de utilidades”.

El negocio no será inviable

No obstante, Osorio descarta que el negocio de las Isapres se vuelva inviable, como han señalado las aseguradoras, por este impuesto que implicará entre un 35% y un 40% aplicado sobre los $130 mil que deben pagar por las costas de cada uno de los juicios donde se determinó un alza unilateral, los cuales solo en 2015 fueron ganados en un 99% de las ocasiones por los cotizantes. Al presente, las siete instituciones del sistema adeudan $12.647 millones en impuestos, en contraste con los más de 37 mil millones de pesos que arrojaron en ganancias solo el año pasado, según datos de la Superintendencia de Salud.

Para el doctor Osorio, el problema “no es de inviabilidad. Las ganancias van a ser menores y cuando uno está acostumbrado a ganar mucho y en algún momento eso no ocurre, provoca un remezón. El hecho de ganar menos implicará que las rentas de las personas que participan y el reparto de las utilidades van a ser más exiguos. Eso obviamente que incomoda, pero no pone en riesgo a la empresa, necesariamente”, sostiene.

“Estamos hablando sobre las tremendas utilidades anuales que generaban las Isapres”, continúa el académico de la Facultad de Ciencias Médicas. “Van a tener que hacer un reajuste sobre las utilidades por un impuesto que realmente corresponde pagar. Los reclamos de las Isapres son que en vez de ganar muchísimo, ganarán menos, y ellos querían seguir ganando muchísimo”, sostiene.

Finalmente, Osorio señala que la resolución del SII, por el solo hecho de relevar este tema, “va a invitar a la gente a que hayan más juicios. Van a haber muchos más juicios y es bueno que así sea”.

El especialista en contaminación de la Universidad de Santiago, Patricio Pérez, sostiene que incrementar el monto de las sanciones es una mejor solución para prevenir que ocurran nuevas acciones que atenten contra el ecosistema. De acuerdo al académico, las penas de cárcel para delitos contra el medioambiente son medidas prácticamente inaplicables ya que, en muchos casos, son accidentes donde no se puede comprobar la intencionalidad de la acción.

Esta semana resurgió el debate en el Congreso sobre endurecer las penas para castigar los delitos contra el Medio Ambiente. Esto, a raíz de lo ocurrido en el vertedero Santa Marta, que se incendió a inicios de este año, provocando una emergencia ambiental en el sector poniente de la capital. La medida supone que las multas no serían suficientes para evitar que las empresas sigan incumpliendo la normativa.

No obstante, para el experto en contaminación atmosférica y ambiental de la Universidad de Santiago, Patricio Pérez, es todo lo contrario. “Si el objetivo es que ocurran menos accidentes o acciones que atenten contra el ambiente, en la mayor parte de las veces, la multa es la medida más adecuada. El argumento que señala que esta medida pudiera no ser disuasiva, se podría corregir aumentando el monto de la multa, para que sea más dolorosa para la empresa u organismo que causa el daño ambiental”, afirma.

De acuerdo al académico del Departamento de Física del plantel estatal, la pena de privación de libertad solo implicará “invertir energía en juicios que no subsanarán el problema ambiental. Eso se puede hacer de manera mucho más efectiva a través de una multa más grande, cuyo monto se utilice para un fondo ambiental”, plantea.

Por eso, insiste en que la solución es “incrementar las multas y que realmente duelan, y que ese dinero se utilice para solucionar un problema ambiental. Es decir, que vaya a un fondo ambiental y no uno general del Estado, de manera que ese dinero se utilice para mejorar procesos masivos en una ciudad, por ejemplo, lo que sería una medida indirectamente compensatoria por el daño que se está causando”.

Del mismo modo, el especialista cree que las multas no deben ser acotadas a una escala estándar que defina para todo un pago mínimo de $540 millones y un máximo de $5.800 millones, sino que relacionarse a la magnitud de la falta. “Si tenemos un máximo, una empresa pequeña y una empresa grande que cometan una misma acción con impactos diferentes tendrían una multa equivalente, lo que no comparto”, afirma.

Dificultades para aplicar cárcel por delitos ambientales

Además, el doctor Pérez plantea que la privación de libertad para delitos contra el medioambiente es una medida prácticamente inaplicable ya que, en muchos casos, son accidentes. “Se debe comprobar la intencionalidad de causar el daño, y la mayor parte de las veces es difícil demostrar esto”, sostiene.

Si bien reconoce que “una negligencia reiterativa puede considerarse como una opción para aplicar una norma de este tipo”, es enfático en señalar que “muchas veces, el daño ambiental tiene varios componentes que no siempre son fáciles de clasificar. No todos los delitos ambientales se pueden atribuir a una connotación penal”.

“No siempre es fácil probar que hay una intencionalidad de causar un daño ambiental, lo cual sería necesario para que existieran penas de cárcel. No obstante, si el hecho se produce, independiente de su intencionalidad, sí debe haber multa”, explica.

Finalmente, plantea que otro problema de una iniciativa de este tipo sería sobre quién recaerá la responsabilidad penal, “¿sobre el gerente de la empresa, sobre el jefe de las operaciones, sobre los trabajadores involucrados en el proceso?”, se pregunta.

“No me cierro a la posibilidad de aplicar penas de cárcel, pero en este momento, tomando en cuenta la realidad chilena, sería mucho más efectivo un aumento significativo de las multas”, concluye.