El académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Enrique Marinao, sostiene que la decisión de la Superintendencia, que intervino a la isapre por su complicada situación económica, no considera los intereses de las personas. “No se puede tener de rehenes a miles de chilenos, porque si estamos en una economía de libre mercado, el consumidor del sistema de salud tiene que tener la potestad de elegir el mejor servicio”, sostiene.

El Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, anunció ayer que se suspenderán las desafiliaciones de MasVida hasta el 31 de marzo. La isapre se encuentra en una crítica situación económica, lo que según la autoridad habría provocado que 15 mil usuarios se alejaran del sistema por la incertidumbre. La decisión, argumenta el órgano fiscalizador, busca “garantizar que la continuidad operacional de la isapre, permita el respeto de los derechos de las personas y la continuidad de su atención de salud”.

Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Enrique Marinao, la decisión refleja “una ambigüedad absoluta respecto de qué es lo que permite la legislación actual, en cuanto a los derechos de aquellos usuarios del sistema de salud”.

“El corralito solo busca salvar a la empresa”, señala en alusión a la medida adoptada por el Gobierno del ex Presidente trasandino Fernando de la Rúa, que restringía la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros para evitar la salida de dinero del sistema bancario, a modo de sortear el pánico bancario y, por consecuencia, el colapso del sistema.

“No se puede tener de rehenes a miles de chilenos, porque si estamos en una economía de libre mercado, el consumidor del sistema de salud tiene que tener la potestad de elegir el mejor servicio”, critica.

“Están como rehenes del sistema para la salvar la mala gestión que esa empresa hizo”, agrega.

“La mala gestión fue siendo encubierta. Esas integraciones, hacia adelante y hacia atrás, si bien son parte de una buena estrategia para administrar un negocio, tiene que saberse hacer, pero aquí hubo intereses cruzados de todos lados”, explica.

Por eso, el experto cuestiona la causa que motivó la intervención parcial de la isapre: “el Estado adopta una medida a través de la Superintendencia para salvar a una empresa y no en función de proteger los intereses de los usuarios, que debiera ser el mandato inicial de ellos”.

“Cómo se les ocurre dejar a 500 mil personas del país en estado crítico, pensando si tienen derecho o no a que los vea un médico. El Estado viene mirando el techo hace mucho tiempo. Le da lo mismo lo que pase con sus ciudadanos”, critica.

Finalmente, el académico lamenta que “no existe una legislación que corresponda para velar por los derechos de los usuarios del sistema de salud. Estamos en una situación de total indefensión”.

Para Elizabeth Armstrong “este señor se ha transformado en el diputado de las querellas, pero sólo las presenta en contra de sus rivales políticos o posibles competidores".
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La vicepresidenta del partido Amplitud, Elizabeth Armstrong, emplazó al diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, a presentar una acción judicial en contra de los ex directivos de la Universidad Arcis, y de todos quienes resulten responsables de la quiebra de esa casa de estudios.

Este lunes, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago determinó la liquidación forzosa del patrimonio de la Universidad Arcis. La casa de estudios adeuda más de $ 8.000 millones por concepto de previsiones y no pago a proveedores.

Para la vicepresidenta de Amplitud “este señor (Hugo Gutiérrez) se ha transformado en el diputado de las querellas, pero sólo las presenta en contra de sus rivales políticos o posibles competidores", agregando que "ya que le gustan tantos las acciones legales, debería de inmediato presentar una querella contra todos los que llevaron a la Universidad Arcis a la debacle económica”.

La dirigente del partido de oposición e ideas liberales agregó que la quiebra de la Arcis “ha generado un gran daño para quienes allí trabajan y, sobre todo, para los alumnos que confiaron en ese proyecto educacional y que hoy tienen un incierto futuro”

Armstrong expresó que claramente aquí hay responsables y nadie duda de la injerencia absoluta que tuvo el Partido Comunista en la debacle de la universidad, y recordó que la casa de estudios recibió aportes cercanos a los 8 millones de dólares, del Gobierno de Hugo Chávez.

“A pesar que han pasado muchos años, aún no está claro en qué se gastó ese dinero. Incluso puede haber sido utilizado en campañas políticas, contraviniendo la Ley Electoral que prohíbe los aportes extranjeros”, concluyó Armstrong.

El Diputado Christian Urízar denunció que la Empresa Sanitaria de Valparaíso –ESVAL- durante la presente semana, a partir del lunes 27 de febrero ha utilizado, sin autorización alguna, aguas que no le pertenecen para surtir la demanda del vital elemento en la región.

En efecto, el parlamentario indicó que “…dada la situación climática que ocurrió este fin de semana en Valparaíso la empresa sanitaria ESVAL tuvo problemas y sin existir ningún decreto de escasez hídrica y sin existir permiso correspondiente de la Dirección General de Aguas –DGA- esta empresa, a partir del día lunes 27 de febrero, empezó a operar los pozos de emergencia de la DGA ubicados en la comuna de Llay Llay”

El Diputado Urízar agregó que “…esta situación no puede ocurrir, pues esta empresa privada tiene que tener la capacidad de respaldo frente a situaciones climáticas”

¿Cuáles serán las multas que deberá pagar ESVAL? ¿Cuánta es el agua que está utilizando de esos pozos? ¿Quién está midiendo la cantidad de agua que se está utilizando en la región? Se preguntó el legislador para señalar, a renglón seguido, que esto se convierte en una situación de extorsión porque esta empresa privada termina diciendo “Si no puedo ocupar esos pozos de emergencia entonces no puedo distribuir agua al gran Valparaíso porque no tengo suficiente”

Eso es un problema del mundo privado- aseveró Urízar- pues cuando ellos cobran la cuenta de agua no le preguntan al cliente si podrá pagar o no esa cuenta, entonces ¿Hasta cuándo la empresa privada se aprovecha de estas situaciones climáticas y usurpa agua del mundo público que después nadie sabe cómo la paga, cuál es el volumen que se usó y costos de las multas?

Concluyó el Diputado Urízar enfatizando que “…esta situación se tiene que terminar y estas empresas tienen que tener los respaldos adecuados para afrontar situaciones climáticas como las que vivimos el fin de semana pasado”