Quórum calificado impediría liberar el secreto sobre los antecedentes de Informe de Comisión Valech
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La Ley N° 19.992, que dio origen a la Comisión Valech I (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura), tuvo como finalidad el recabo de antecedentes sobre violaciones a los Derechos Humanos entre los años 1973-1990. A fin de fomentar la entrega de información relevante sobre detenidos desaparecidos y casos de tortura, se estableció que los testimonios de personas aportados quedarían en secreto, evitando persecuciones y represalias para las personas que así lo hiciesen.
En este contexto, un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría presentó un proyecto de ley, Boletín N° 10883-17, el cual ya fue aprobado en trámite por la Cámara de Diputados y busca liberar el secreto sobre estos antecedentes ante la solicitud de los Tribunales de Justicia que conozcan de causas relacionadas a estos delitos.
La abogada Paula Oyarzo, del estudio jurídico Vergara, Oyarzo & Cía., realizará una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La experta explicó que “el proyecto que está en el parlamento pretende incorporar una modificación a la Ley N° 19.992, que establece las reparaciones y beneficios para personas afectadas en materia de Derechos Humanos, exonerados políticos, entre otros”.
Oyarzo agregó que “en esta modificación está incluida una disposición que permitiría a los Tribunales de Justicia acceder a los archivos confidenciales de la Comisión Valech I, alterando la confidencialidad”
Según la experta, “uno de los problemas que enfrenta esta modificación es de forma ya que esconde una alteración sustancial al sentido, espíritu y alcance de una ley de quórum calificado, debido a que en su tramitación en la Cámara de Diputados se le dio un estatus de proyecto de ley ordinaria, votándose con un menor quórum”.
“En derecho las cosas se deshacen como se hacen, y hay un problema de constitucionalidad en pretender alterar una materia de ley de quórum calificado mediante un quórum simple, precisamente porque el espíritu de la norma, al establecer estándares de votación más altos, es proteger bienes jurídicos de mayor delicadeza contenidos en una ley”, afirmó la abogada.
Paula Oyarzo subrayó además que “se abre un debate respecto de los derechos de confidencialidad de las personas que dieron información a través de la Comisión Valech I, dado que si bien se propone un alzamiento de secreto excepcional sólo para los Tribunales de Justicia, coloca la información muy a la mano para su divulgación y se vulneraría el derecho de quienes declararon en su momento bajo condiciones legales prestablecidas en torno a que las fuentes no serían conocidas”.
Si bien Oyarzo cree que es importante avanzar en torno a materias de verdad y justicia en Derechos Humanos, considera que “es importante que se respeten las formas y medios para alcanzar los estándares internacionales en materia de delitos de lesa humanidad. Por muy noble que parezca la intención, el quórum de la materia precisamente cuida y salvaguarda garantías de personas, y a la larga, no pueden establecerse diferencias en el respeto de los derechos de ninguna de las partes en una materia tan delicada y que toca una fibra país hasta el día de hoy”.
