Cada cierto tiempo reaparece la idea de que Chile debería “dejar de vender cobre
bruto” y apostar decididamente por el cobre de alta pureza. Suena bien, pero
conviene ponerle números, procesos y contexto. Cuando se habla de cobre de alta
pureza, se habla de cátodos con una ley de 99,99%: prácticamente sin impurezas.
En contraste, el principal producto que exporta la minería chilena es el
concentrado de cobre, que contiene en torno a un 30% de cobre. La diferencia no
es menor: es pasar de un material semiprocesado a uno casi final.
Desde el punto de vista económico, el argumento es claro: mayor pureza implica
mayor valor agregado y mejores márgenes. Es la versión minera del reclamo
clásico de que exportamos materias primas e importamos productos caros hechos
con ellas. En el papel, producir más cátodos permitiría capturar parte de ese valor
que hoy se queda fuera.
Pero el problema no es sólo de voluntad. Para alcanzar esos niveles de pureza,
especialmente a partir de minerales sulfurados —cada vez más profundos y
predominantes— se requiere pirometalurgia, es decir, fundiciones. Y ahí aparece
el gran nudo chileno. Hoy existen apenas seis fundiciones operativas, tras el cierre
de Ventanas, y el clima político y ambiental apunta más a restringirlas que a
ampliarlas. Mientras tanto, países como China operan decenas, incluso cientos,
con estándares ambientales no tan restrictivos como en Chile.
El debate, entonces, no es binario. No basta con decir “hagamos cobre de alta
pureza”. Hay que preguntarse cuánto más recauda efectivamente el Estado, qué
pasa con los subproductos que se van en el concentrado, qué costos ambientales
estamos dispuestos a asumir y qué capacidades tecnológicas queremos
desarrollar como país. El cobre de alta pureza no es sólo una consigna: es una
decisión económica, ambiental y estratégica de largo plazo.
