Por:Ignacio Serrano del Pozo.
Director Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional
Facultad de Educación y Humanidades, UNAB.
Los recientes episodios de violencia escolar han reavivado un clamor que nunca
se silenció del todo: ¡que regrese la autoridad del profesor! A través de la prensa
se amplifica el malestar, se critica lo que algunos consideran políticas estatales
garantistas y padres delegantes. Pero esta demanda por autoridad pasa por alto
un matiz esencial: no toda autoridad educa, y su restauración no se logra solo con
más mano dura.
Para aclararlo, recordemos qué implica educar. Educar va más allá de informar o
resolver problemas —tarea que dominan apps e IA—; educar consiste en
incorporar al alumno a un mundo de saberes, lenguajes y prácticas compartidas.
Esto requiere mediación: un maestro que conduzca a quien ignora, señale el
camino, marque el ritmo, seleccione lo central frente a lo accesorio y distinga lo
verdadero de lo aparente. De ahí surge una asimetría natural entre maestro y
estudiante, no basada en una superioridad moral ni en capacidades
excepcionales, sino en posiciones distintas frente al conocimiento, la experiencia y
la responsabilidad. Negarle no democratiza la educación: la desarma desde sus
cimientos.
Pero conducir no basta sin su complemento: corregir. Cuando se producen
interrupciones, desprecio o violencia que alteran el aula, el profesor debe contener
esos desórdenes, exigir atención y respeto, y resguardar el espacio colectivo del
aprendizaje. Esta corrección no es una coacción arbitraria ni un regreso a la época
del castigo humillante, que confundía sumisión con orden, sino el límite productivo
necesario para que el proceso vuelva a encauzarse. Conducir y corregir forman,
juntos, la autoridad genuina, etimológicamente ligada a augere: acrecentar. Su
horizonte no es la dependencia indefinida del estudiante, sino el despliegue de
capacidades que le permitan desenvolverse con mayor autonomía.
Y aquí hay algo fundamental que no puede olvidarse: el profesor no ocupa su
lugar para encauzar el conflicto, ni para asumir tareas de contención ajenas a la
enseñanza, ni para arbitrar cuando la situación se desborda. Puede verse obligado
a hacerlo en determinadas circunstancias, pero ese desplazamiento no define su
función propia. Entonces, cuando la violencia amenaza la vida escolar, lo que se
compromete no es solo la convivencia, sino la posibilidad misma de enseñar y de
aprender. Por eso, si algo debe restituirse hoy, no es la autoridad como poder de
mando, sino la autoridad pedagógica como condición constitutiva del vínculo
educativo.
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