Por: Juan Pablo Briones.
Históricamente, el deporte en Chile ha estado marcado por una profunda división social.
Durante décadas se configuró como una práctica elitista, reservada para la aristocracia en
disciplinas como la hípica o el tenis, mientras que, en paralelo, el sector privado impulsaba
prácticas deportivas entre trabajadores ferroviarios, mineros y portuarios. A pesar de sus
diferencias, ambas vertientes compartieron un elemento común: la asociatividad civil, es
decir, un tejido comunitario que permitió que clubes, ligas y organizaciones deportivas
surgieran desde la propia sociedad.
Este prisma se expresa en la Ley N.º 19.712, Ley del Deporte, que dejó en manos del
mundo privado una parte importante del desarrollo deportivo. Desde esta perspectiva, al
Estado le corresponde “crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento,
protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas”, respetando la autonomía de
las organizaciones deportivas, pero sin renunciar a su responsabilidad de garantizar este
derecho a toda la población.
En este marco, el Estado dispone de cuantiosos recursos canalizados a través del Fondo
Nacional para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE), fondos concursables de carácter
anual que contemplan distintas líneas de financiamiento, entre ellas: Formación para el
Deporte, Deporte de Competición y Ciencias para el Deporte. A modo de ejemplo, en la
Región de Valparaíso se adjudicaron aproximadamente 180 millones de pesos para la
ejecución de programas deportivos, de los cuales 50 millones fueron destinados
específicamente a la línea de Formación para el Deporte, que incluye la implementación de
escuelas deportivas.
Cada año, el 6 de abril se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física, instancia en la
que se destaca la importancia del movimiento para el bienestar físico y mental. Las
actividades masivas realizadas en centros urbanos durante esta fecha han evidenciado el
creciente interés de la población por mantenerse activa. Sin embargo, pese a estos
esfuerzos, persiste una marcada desigualdad en el acceso al deporte y a los beneficios
asociados a su práctica, situación que se manifiesta incluso en la condición corporal de la
población.
Esta realidad es abordada en la Revista Chilena de Nutrición, donde el autor Jeffrey
Thomas-Lange señala que los sectores de menores ingresos presentan un “menor acceso a
servicios de salud, practican menos actividad física y mantienen una dieta con menor
consumo de alimentos considerados saludables. No es de extrañar, entonces, que la
malnutrición por exceso se concentre en los sectores más vulnerables”. Esta desigualdad
también se refleja en los resultados de la Encuesta de Hábitos Deportivos (2015), que
indica que cerca del 50 % de la población del segmento ABC1 practicaba deporte
regularmente, cifra muy superior al 17 % observado en los sectores más vulnerables.
A ello se suma que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la inactividad
física constituye el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. En Chile, la
situación es particularmente preocupante: según datos difundidos por los medios de
comunicación, un 30,7 % de la población presenta obesidad, lo que representa un aumento
de diez puntos porcentuales respecto de 2013, situando al país como el segundo con mayor
obesidad dentro de la OCDE. Este escenario exige políticas deportivas más activas,
estratégicas y equitativas.
Si bien la Ley del Deporte —publicada en 2001— representó un avance significativo, hoy
resulta insuficiente. El Estado no solo debe aportar recursos, sino también dirigirlos con
claridad, estableciendo objetivos concretos y planes de corto, mediano y largo plazo. En
este desafío, las municipalidades cumplen un rol primordial. Una estrategia deportiva local
efectiva debiera partir de un diagnóstico territorial que permita:
a) identificar los clubes deportivos existentes y su oferta;
b) analizar sus fortalezas y debilidades;
c) detectar potencialidades (recintos disponibles, entorno natural, infraestructura); y
d) establecer vínculos con instructores, escuelas y academias ya existentes.
En el caso de Villa Alemana, se observa una infraestructura deportiva insuficiente y
distribuida de manera inequitativa. La comuna cuenta con recintos como el Polideportivo
Nicolás Massú, la Piscina Municipal y el Gimnasio Municipal Luis Cruz Martínez, que, si
bien constituyen instalaciones valiosas, presentan limitaciones en cuanto a la equidad de
acceso. El Polideportivo Nicolás Massú, por ejemplo, se encuentra alejado de sectores
como Gumercindo o Troncos Viejos, barrios que además carecen de espacios públicos
adecuados para la práctica sistemática de actividad física. No obstante, existen áreas con
potencial de habilitación mediante una planificación adecuada, como la plaza ubicada junto
al estero, cercana al supermercado Santa Isabel de Troncos Viejos, que podría
transformarse en un espacio comunitario para la promoción del deporte.
No es necesario partir de cero. Existe una oferta privada y comunitaria ampliamente
desarrollada en disciplinas como las artes marciales, el fútbol y el básquetbol, entre otras.
Asimismo, ya existe disponibilidad de entrenadores y academias; lo que falta es
coordinación y articulación institucional.
Más allá de los beneficios fisiológicos, la práctica sistemática del deporte fortalece la vida
comunitaria. El entrenamiento regular, la conversación, la organización de actividades y
hasta el tradicional “tercer tiempo” cumplen un rol social insustituible en un contexto
marcado por el individualismo. Por ello, el deporte social debiera ocupar un lugar más
relevante que el deporte estrictamente competitivo. Es fundamental que niños, niñas,
jóvenes y adultos disfruten la actividad física y desarrollen una relación sostenida con el
deporte, para lo cual las escuelas deportivas cumplen un rol estratégico.
Junto con aumentar la infraestructura y optimizar su uso, existen medidas que podrían
favorecer la masificación de una cultura deportiva, tales como:
a) Más deporte en televisión abierta. En este caso se puede señalar a modo de ejemplo,
se puede mencionar que un estudio de Initiative y Offerwise, presentado junto a Women 4
Sports Foundation, reveló que el 93% del público chileno quiere ver más deporte
femenino
b) mayor acceso a campeonatos nacionales e internacionales, dado que eventos como los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 convocaron a más de 1,3 millones de
asistentes, triplicando las cifras de Lima 2019. Asimismo, destacan iniciativas como el
descenso urbano de Valparaíso y el Mundial Sub-20 de fútbol 2025.
En este contexto, el énfasis de la política deportiva debiera centrarse en la formación
deportiva, ya que el apoyo exclusivo al deporte competitivo tiende a reproducir las
desigualdades existentes. Democratizar el deporte implica eliminar barreras, ampliar la base
de personas practicantes y garantizar oportunidades reales de participación para toda la
población.
Estas medidas, implementadas de manera eficiente, tienen el potencial de contribuir a la
construcción de una sociedad civil deportiva, que haga un uso adecuado de los recursos
públicos y que, en última instancia, se traduzca en una población más activa, cohesionada y
saludable.
