Claudia Rodríguez T.
Directora y fundadora de No Chat
Presidenta Cosoc Subtrans.
Conducir a 264 kilómetros por hora en una autopista urbana no es una imprudencia, una anécdota ni una demostración de destreza. Es una acción criminal por el riesgo consciente y extremo al que expone a todas las personas que circulan por la vía. A esa velocidad, cualquier obstáculo, maniobra inesperada o pérdida de control puede provocar una tragedia. Quien adopta una conducta de esta naturaleza sabe que puede causar lesiones graves o la muerte y, aun así, decide continuar.
El respeto por las normas del tránsito constituye la base mínima de una convivencia vial segura. Los límites de velocidad, la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol y la Ley No Chat no son recomendaciones sujetas al criterio personal de cada conductor. Son reglas creadas para proteger vidas. Transgredirlas de manera deliberada significa despreciar la seguridad y los derechos de los demás.
Por eso resulta especialmente grave la señal que deja la respuesta inicial del sistema judicial. Pese a la velocidad registrada, al peligro provocado y a una condena anterior por conducción en estado de ebriedad, el imputado quedó sujeto únicamente a firma mensual y arraigo nacional. Más incomprensible aún: conservó su licencia de conducir. Aunque el proceso continúa, las medidas adoptadas transmiten una sensación de impunidad práctica que debilita cualquier esfuerzo preventivo y normaliza la idea de que incluso las conductas más extremas pueden quedar sin una consecuencia inmediata proporcional.
A estos antecedentes se suman informaciones sobre su posición empresarial y un vínculo familiar con un ministro de Estado. Nada de ello permite afirmar por sí solo que existió una intervención o un trato preferente, pero sí obliga a las instituciones a actuar con máxima transparencia y rigor. Cuando una resolución judicial parece insuficiente frente a un hecho de esta magnitud, cualquier elemento que pueda alimentar una percepción de privilegio debe ser despejado con claridad.
A ello se suma lo publicado por El Mostrador respecto de la decisión de la jueza Ximena Rivera de mantener bajo reserva la identidad del imputado y prohibir la difusión de antecedentes que permitieran identificarlo. La transparencia no busca reemplazar el debido proceso, sino garantizar que las decisiones judiciales puedan ser observadas, comprendidas y evaluadas por la ciudadanía.
Desde ONG No Chat sostenemos que la seguridad vial exige sanciones capaces de proteger a la comunidad y disuadir conductas que pueden matar. No basta con detener, formalizar y luego permitir que quien puso en riesgo la vida de personas siga habilitado para conducir. Una sociedad que exige el cumplimiento de la ley necesita instituciones que respondan con la misma firmeza. De lo contrario, el mensaje es devastador: respetar las normas parece opcional y poner vidas en peligro puede no tener consecuencias reales.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, y no necesariamente, representan el pensamiento de www.margamargaonline.cl
