Por: Omar Salinas Silva.
Director Ingeniería Civil Informática Advance UNAB.
La inteligencia artificial ha evolucionado de ser una herramienta opcional a
convertirse en infraestructura de decisión fundamental. En Chile, la IA influye en la
atención al cliente, la educación, la salud, la banca y los servicios públicos.
Actualmente, el país desarrolla cierta IA propia, pero aún depende en gran medida
de tecnología extranjera para competir a escala global.
El Estado ha realizado avances importantes, como el Centro Nacional de
Inteligencia Artificial y el modelo Latam-GPT, diseñado para el contexto
latinoamericano. También se están formando capacidades locales de
supercómputo y entrenamiento de modelos. Sin embargo, gran parte de la
infraestructura sigue dependiendo de empresas como Amazon Web Services,
Meta y OpenAI. Muchos modelos locales, como Latam-GPT, se basan en
tecnologías externas.
Esta dependencia conlleva costos palpables. En el ámbito académico, limita la
investigación cuando los datos se gestionan desde el exterior. En la vida diaria,
entidades externas pueden decidir sobre créditos o atención médica sin garantías
de transparencia. Cuando la IA actúa como «caja negra», la necesidad de
supervisión y rendición de cuentas se vuelve crítica.
Organizaciones internacionales sugieren desarrollar la IA bajo principios de
derechos humanos y transparencia. Chile trabaja en un proyecto de ley que regula
estos sistemas, aunque la legislación sola no basta sin capacidades y recursos.
Fomentar la soberanía tecnológica no implica aislamiento; requiere acciones
concretas. Es esencial formar talento especializado en universidades, financiar
emprendimientos locales que adapten modelos a contextos nacionales y
establecer marcos de gobernanza que aseguren transparencia en los usos
críticos.
Tres riesgos fundamentales requieren atención simultánea: dependencia
tecnológica, pérdida de control sobre datos sensibles y desigualdad algorítmica
que podría ampliar brechas sociales. Si unas pocas entidades controlan la
infraestructura, Chile se convierte en cliente y no en protagonista de su
modernización.
Las soluciones son prácticas: políticas públicas que integren financiamiento y
formación, alianzas público-privadas para la transferencia tecnológica y
estándares que exijan responsabilidad. Involucrar a la ciudadanía en estos
procesos es clave.
El desafío no es simplemente usar IA extranjera, sino cómo hacerlo sin renunciar
al control democrático sobre decisiones que afectan a la población. Chile debe
elegir entre arrendar su modernización o construir, con visión y recursos, una
inteligencia autóctona que pueda auditarse y gobernarse.
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