El cierre fiscal de la administración Boric, con un déficit estructural proyectado de
3,6% del PIB para 2025, encendió alertas entre economistas y futuras autoridades
económicas, ya que la cifra supera en más de tres veces la meta original
comprometida por el Ejecutivo. Según análisis técnicos, el deterioro se ve
agravado por un aumento de US $21.000 millones en la deuda neta, que alcanza
el 37% del PIB, junto con la utilización de cuantiosos recursos del Fondo de
Estabilización Económica y Social (FEES) para financiar gasto corriente. A ello se
suma un incremento cercano a cuatro veces en la deuda flotante y la
descapitalización de Corfo para enfrentar problemas de caja.
Quien ha seguido de cerca esta trayectoria es el ex subsecretario de Hacienda del
segundo gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Weber. En una columna
publicada este fin de semana en La Tercera, la ex autoridad afirmó que “el
gobierno sobreestimó sistemática y masivamente los ingresos fiscales, lo que les
permitió comprometer mayores gastos con ingresos de mentira”. Para dimensionar
el fenómeno, Weber detalló que en 2023, incluso tras el retiro de los estímulos
transitorios de la pandemia, el gasto permanente aumentó un 10%, equivalente a
cerca de US $8.000 millones de la época.
Frente a este escenario, el ex subsecretario sostiene que la administración
entrante de José Antonio Kast deberá implementar un ajuste fiscal que podría
alcanzar los US $8.000 millones durante el cuatrienio. Según plantea, la hoja de
ruta debería comenzar con una auditoría exhaustiva de las cuentas públicas y con
la fijación de metas claras hacia 2029, donde lograr un déficit estructural de -1%
del PIB representaría, en sus palabras, un “avance titánico”. Entre las medidas
concretas propone eliminar programas mal evaluados, focalizar mejor la gratuidad
en educación superior y ejercer un control estricto sobre el gasto en personal, que
equivale al 20% del presupuesto, además de fortalecer la eficiencia en las
compras públicas.
Con todo, Weber advierte que un recorte del gasto por sí solo no bastará. A su
juicio, será imprescindible dinamizar los ingresos a través de un mayor crecimiento
económico. En esa línea, subraya la necesidad de rebajar el impuesto corporativo
al 23% y avanzar en la reducción de la burocracia que frena la inversión,
especialmente la “permisología ideológica” o activismo ambiental enquistado en
capas medias del Estado, permitirá cubrir esa brecha. Según su análisis, destrabar
estos obstáculos permitiría compensar la menor recaudación inicial derivada de la
reducción tributaria, impulsando el motor de la inversión privada.
Asimismo, el académico planteó la conveniencia de explorar instrumentos
recaudatorios menos convencionales pero estratégicos, como la regulación de las
apuestas en línea. Chile acumula ya cuatro años de tramitación de este proyecto
de ley, el cual fue aprobado en general por el Senado durante 2025 en su segundo
trámite constitucional. En este punto, la ex autoridad cita los casos de Colombia,
Perú y Brasil, países que avanzaron en la formalización de esta industria en la
región: “Una regulación moderna, proconsumidor y promercado, permitiría
recaudar 0,1 puntos del PIB en régimen”, aseguró.
De esta forma, la futura conducción económica de Hacienda enfrentará no solo la
necesidad de un ajuste significativo, sino también la oportunidad de redefinir la
estructura de ingresos del Estado bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad.
