Por :Alan Wilson .
Académico Centro de Transformación Energética U. Andrés Bello.
Si bien la venta de vehículos de cero y bajas emisiones ha ido en sostenido
aumento, las cifras respecto de vehículos eléctricos a batería e híbridos
enchufables no ha crecido según lo esperado, que es en torno al 5% de las ventas
anuales según la ANAC, haciendo inviables los objetivos al 2035 de la estrategia
nacional de electromovilidad.
Aunque el alto precio es uno de los principales factores a la hora de desistir de
vehículos eléctricos e híbridos enchufables, la poca a nula disponibilidad de
infraestructura de carga, particularmente en estacionamientos de edificios de
departamentos y oficinas, también es una razón importante que lleva a decidir por
no comprar este tipo de vehículos para el día-a-día, pues la carga rápida de estos
vehículos en electrolineras sigue teniendo disponibilidad limitada, y los cargadores
públicos de carga lenta toman bastante tiempo para lograr cargas adecuadas.
Otro factor a tener en cuenta es la mayor inseguridad a la hora de revender este
tipo de vehículos, pues, a diferencia de tecnologías basadas en combustibles, el
mercado de reventa sigue siendo relativamente nuevo, pequeño y con mayores
saltos tecnológicos, además de que la degradación de las baterías sobre los 5-10
años puede obligar a un recambio de éstas antes de revender. También la
mantención es un legítimo temor de los eventuales compradores pues, si bien los
vehículos eléctricos requieren por naturaleza menos mantenciones (frenos, partes
mecánicas), su tecnología encarece los costos de reparación y dificulta la
disponibilidad de personal técnico con formación y herramientas para atender
reparaciones, fuera de los concesionarios.
Aunque el Estado podría ayudar a mejorar las ventas de este tipo de vehículos
mediante subsidios y rebajas de impuestos, la mejor política pública llevada a
cabo actualmente es financiar el transporte público eléctrico (buses, microbuses,
taxis, taxis colectivos) en todo el país.
Considerando lo anterior, sí es necesario que el Estado atienda la necesidad de
mejorar la disponibilidad y factibilidad técnica de la infraestructura de carga,
implicando que, en conjunto con las empresas eléctricas, se debe trabajar en
paralelo en robustecer las redes de distribución para que soporten la eventual
mayor demanda de carga de vehículos eléctricos.
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