Gonzalo Escobar.
Académico Facultad de Economía y Negocios UNAB.
Que el crimen organizado haya entrado en el sistema bancario es un cambio
radical para el sistema financiero en Chile. La delincuencia ha dejado de ser un
problema policial o de seguridad ciudadana como estábamos acostumbrados,
para transformarse en un desafío de primer orden. La delincuencia ya traspasó
fronteras y opera bajo otra lógica; llegando a ser algo consolidado que se
puede llamar economía del crimen, que cuenta con estructuras de costos,
mecanismos para diversificar riesgo, sistemas de logística que cruzan las
fronteras y algo nuevo, una estrategia de ingresar en mercados formales.
Desde una mirada económica, las organizaciones criminales están operando
de forma similar a una empresa, ya que maximizan sus beneficios mediante el
aprovechamiento de economías de escala en mercados ilegales. Pero para que
esto sea viable a largo plazo, dependen de la capacidad para poder blanquear
esos flujos de recursos. Es en este punto donde la realidad chilena muestra
una dificultad que llega a ser preocupante. El uso de cuentas bancarias,
transferencias y empresas fachada no son incoherencias del sistema; son el
conducto preciso para que el dinero ilícito aflore en el sistema financiero legal y
pueda llegar a financiar operaciones de mayor envergadura.
Esta nueva situación incorpora duras distorsiones en el normal funcionamiento
de la economía. El ingreso de recursos de origen ilícito altera las reglas de la
libre competencia, afectando directamente al comercio lícito, a través de un
arbitraje informal y el lavado de activos en sectores intensivos en efectivo,
como puede ser el sector inmobiliario o el comercio detallista. Asimismo,
deteriora la confianza en las instituciones, incrementando los costos de
transacción debido a la necesidad de implementar barreras de seguridad más
complejas y, eventualmente, puede deteriorar la reputación financiera del país,
encareciendo el acceso al crédito internacional.
Frente a la existencia de asociaciones ilícitas que cuenten con asesores
financieros y estructuras en el sistema financiero, la respuesta del Estado no
puede limitarse a tener más policías o carabineros en las calles. El combate
contra el crimen organizado debe ser en todos los órganos del Estado, el país
necesita una modernización urgente de sus sistemas de inteligencia financiera,
reforzando la capacidad de fiscalización de la Unidad de Análisis Financiero
(UAF) y endureciendo las exigencias de cumplimiento de todo el sistema
financiero y conocimiento sobre los beneficiarios finales de las operaciones
bancarias.
La situación actual es clara, el crimen organizado ha demostrado una
capacidad de adaptación y sofisticación institucional. Si las políticas públicas
insisten en tratar este fenómeno con herramientas del siglo pasado, ignorando
su dimensión económica y financiera, seguiremos llegando tarde. Desarticular
la economía del crimen exige cortar de raíz sus incentivos monetarios. Solo
asfixiando su estructura financiera y blindando el sistema bancario formal
podremos evitar que la violencia y la ilegalidad terminen por capturar los
cimientos del desarrollo nacional.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, y no necesariamente, representan el pensamiento de www.margamargaonline.cl
