Los parlamentarios Fabián Ossandón, Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancurt cuestionaron la falta de una alerta SAE previa al aluvión y pidieron fortalecer la capacidad preventiva del Estado ante eventos extremos. Además, manifestaron preocupación por el Presupuesto 2027, que ya no contempla una asignación explícita para la implementación del Acuerdo de Escazú y reduce recursos de programas vinculados al cambio climático.
Los diputados el Partido de la Gente Fabián Ossandón, Flor Contreras, Tamara Ramírez y Lilian Betancurt cuestionaron la respuesta preventiva frente al aluvión que afectó a Las Condes y emplazaron al Ejecutivo a revisar las capacidades del Estado para anticipar este tipo de emergencias. Senapred explicó que no se envió una alerta SAE porque se trató de un evento súbito y que actualmente el país no dispone de monitoreo instrumental de remociones en masa que permita anticipar fenómenos de este tipo. Horas después, el Gobierno decretó zona de catástrofe en la comuna.
Ossandón, representante del Distrito 3 de Antofagasta, puso el foco en las diferencias territoriales que, a su juicio, existen en la respuesta estatal. “Reaccionar tarde con las alertas SAE en Las Condes pese a la Alerta Amarilla demuestra que el Gobierno improvisa ante el cambio climático, mientras recorta a cero los fondos de Escazú en el presupuesto”, sostuvo. El parlamentario agregó que “como regionalista, no puedo ocultar mi profunda decepción. En agosto, nuestra Región de Antofagasta sufrió graves aluviones y la declaración de zona afectada por catástrofe tardó días, pero en Las Condes bastaron solo horas”.
En el mismo sentido, Ossandón añadió que “me alegra que el Gobierno haya reaccionado rápidamente, pero me duele constatar estas diferencias. Presidente Kast, las familias del norte merecen la misma urgencia, preocupación y protección del Estado. Estoy cansado de que las regiones tengamos que seguir esperando. Chile no termina en Santiago”. En agosto, la Provincia de Tocopilla fue declarada bajo estado de excepción de catástrofe el día 18, mientras la declaración de zona afectada por catástrofe para toda la Región de Antofagasta se oficializó posteriormente.
En tanto Flor Contreras, integrante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara, sostuvo que “es evidente que el Gobierno reaccionó tarde en Las Condes. Justificar la no activación de las alarmas SAE diciendo que fue un evento súbito demuestra una falta de previsión inaceptable en un país de permanentes catástrofes y emergencias naturales”. La diputada agregó que “la alerta amarilla ya estaba decretada en la Región Metropolitana y no se habrían realizado los monitoreos adecuados. Además, es una contradicción que, mientras enfrentamos los efectos del cambio climático, el Ejecutivo elimine la glosa presupuestaria para el Tratado de Escazú y deje en cero la protección a defensores ambientales. Como diputada de La Araucanía y miembro de la Comisión de Emergencias, analizaremos esto con total rigurosidad en el Congreso, porque no podemos permitir un presupuesto que deje desprotegidas a nuestras regiones ante la naturaleza”.
Por su parte, Tamara Ramírez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apuntó tanto al funcionamiento de las alertas como a la respuesta territorial. “Mantenernos bajo Alerta Amarilla y no activar las alarmas SAE en Las Condes evidencia una falta de prevención inaceptable en un país de catástrofes permanentes. Veo un doble estándar indignante, ya que en el sector oriente decretaron Zona de Catástrofe el mismo día, pero en el norte lo hicieron esperar cuatro días en el total abandono. Esta indolencia se corona con un Presupuesto 2027 que elimina los fondos del Tratado de Escazú contra el cambio climático. Como diputada de la Región Metropolitana, no aceptaré esta discriminación territorial y exigiré una fiscalización inmediata en el Congreso”.
A estas gestiones se sumó la diputada Betancurt quien presentó cinco oficios dirigidos a SENAPRED nacional, SENAPRED Biobío, Sernageomin, la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y la Subsecretaría del Medio Ambiente. Entre otros antecedentes, pidió determinar quién resolvió no activar el SAE en Las Condes, conocer si existen polígonos de alerta previamente definidos, identificar quebradas y laderas con riesgo aluvional en comunas del Biobío afectadas por los incendios forestales y precisar qué obras de control están financiadas para 2027.
“Lo ocurrido en Las Condes demuestra que no podemos esperar a que una emergencia golpee para recién preguntarnos si estábamos preparados. En el Distrito 21 tenemos sectores afectados por incendios, quebradas y laderas que pueden quedar expuestas ante lluvias intensas, por eso presentamos estos oficios: necesitamos saber dónde están los riesgos, qué sistemas de alerta existen, qué obras preventivas se van a ejecutar y con qué recursos. La prevención tiene que funcionar igual para una comuna de Santiago que para una localidad rural del Biobío”, sostuvo Betancurt.
La parlamentaria también pidió aclarar el financiamiento ambiental del próximo año. El oficio a Medio Ambiente consigna que el Presupuesto 2026 contemplaba una glosa de hasta $144,5 millones para implementar el Acuerdo de Escazú, mientras el proyecto 2027 no contiene una asignación explícitamente identificada para ese fin. Además, la partida “Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional” disminuye de $716.568 mil a $293.132 mil.
