Por : Susana Unzaga Orellana.
Asistente Social, lic. en trabajo social, Universidad
Cardenal Silva Henríquez, docente Instituto Profesional Santo Tomás, Viña del
Mar.
El caso de Francisca, mujer chilena viviendo con VIH, que sufrió esterilización
forzada en 2002, revela vulneraciones a los derechos reproductivos y la no
discriminación. Este incidente lleva al Estado de Chile a reconocer su
responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en 2021.
La esterilización forzada constituye una violación a los derechos reproductivos y al
consentimiento informado, de acuerdo a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en su art. 16
subraya el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre el número y
espaciamiento de sus hijos. En el caso de Francisca, el personal médico realizó
una ligadura de trompas después de su parto, sin consultarla ni obtener su
consentimiento, basándose exclusivamente en su diagnóstico de VIH.
Estas prácticas, prohibidas internacionalmente afectan a grupos de especial
protección, que son reconocidos como vulnerables y requieren atención
diferenciada para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, debido a factores
históricos de discriminación o desventaja social, en este caso las mujeres que
viven con VIH. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emite
recomendaciones claras sobre el consentimiento informado en los procedimientos
de esterilización, enfatizando que ninguna intervención médica debe realizarse sin
el consentimiento libre, previo e informado de la persona.
La situación de Francisca, evidencia la discriminación de las personas que viven
con VIH, fenómeno denunciado por organismos internacionales como el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Según
ONUSIDA, las personas que viven con VIH a menudo enfrentan estigmatización
en entornos de salud, que puede resultar en la negación de atención médica
adecuada o, como en este caso, en la violación de sus derechos reproductivos.
En 2021, el Estado chileno reconoció su responsabilidad en la vulneración de los
derechos de Francisca, un paso importante hacia la justicia, evidenciando la
necesidad de reformas en el sistema de salud para erradicar la discriminación y
garantizar prácticas médicas que respeten los derechos humanos, resaltando la
importancia de la justicia reproductiva para las personas que viven con VIH.
En este contexto, el trabajo desarrollado este 2025 por IP Santo Tomás y la
Corporación Mujeres con Energía Positiva, a través de proyectos de vinculación
con el medio y de innovación social, tales como: Lenguaje positivo, el cual
permitió formar a más de 50 estudiantes del área de las ciencias sociales y de la
salud, como futuros profesionales altamente preparados y garantes de los
derechos humanos de las personas que viven con VIH, quienes replican estos
conocimientos en sus comunidades. Los proyectos de innovación, CuidArte,
aplicación de celular que favorece la adherencia al tratamiento antirretroviral de las
personas con VIH y el proyecto CreActiva, Cooperativa de artes y oficios, que
ofrece una posibilidad concreta de reconocer a las mujeres viviendo con VIH
desde todas las interseccionalidades que las atraviesan, tales como: su rol de
cuidadoras, jefas de hogar, mujeres mayores, con discapacidad, migrantes, entre
otras. Le permitirá ofrecer sus servicios y contribuir al sustento económico de sus
hogares. Por su parte, el acompañamiento social que ofrecen las alumnas de las
carreras de servicio social a las mujeres con VIH, reconociendo sus fortalezas y
oportunidades, construyen un camino que durante años estuvo limitado y que hoy
les permite reconocerse como protagonistas y sujetas de derecho, donde
aprenden que el rol de cuidadoras no sólo recae en ellas, sino que cuentan con un
colectivo de cuidado, compuesto por instituciones de salud, organizaciones
sociales y nuestra casa de estudios superiores, nos permite actuar con paso firme
y seguir avanzando en el llamado de ONUSIDA a «Superar las interrupciones,
transformar la respuesta al sida», lema que pone el foco en proteger de la
continuidad en la respuesta al VIH en todos los países, especialmente en aquellos
más vulnerables y relegados, donde los servicios comunitarios y de prevención del
VIH se han visto afectados debido al contexto político internacional y la crisis de
financiación, poniendo en riesgo el logro de las metas mundiales y poner fin con el
Sida al 2030.
Como casa de estudios superiores y desde nuestro rol continuaremos generando
alianzas de cooperación, para que así, en conjunto las brechas sanitarias se
cierren y las barreras sociales se eliminen, empoderando a las comunidades en la
respuesta, sumándonos a la premisa “Se necesitan soluciones transformadoras
para mejorar el acceso a los servicios de VIH, eliminar el estigma y la
discriminación de una vez por todas, y garantizar la protección de los derechos de
las mujeres, las niñas y las personas LGBTQ+, quienes continúan enfrentando
barreras desproporcionadas en el acceso a la atención médica” (ONUSIDA, 2025)
Desde la educación técnico-superior, continuaremos la formación de profesionales
que comprendan y respeten los principios de igualdad, no discriminación y
consentimiento informado, mediante la incorporación de módulos de derechos
humanos, desde un enfoque de género.
Asimismo, invitamos a las casas de estudios superiores a promover la
investigación y la promoción de políticas públicas que aborden las deficiencias en
el sistema de salud. Así como también, a implementar programas de extensión y
vinculación con el medio, que permitan acercar estos temas a las comunidades y
a los grupos de especial protección, como son las mujeres que viven con VIH a
educarlas sobre sus derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Las opiniones de esta columna,son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe,y no necesariamente,representan el pensamiento de www.margamargaonline.cl
