Qué difícil es para nosotros como padres o apoderados enfrentarnos a leer en un
periódico la noticia de una adolescente que agrede a otra con un arma blanca en las afueras del
propio colegio, y más triste aún leer que el director de ese colegio declara que no puede expulsar
a la agresora porque la nueva “Ley de Inclusión” no lo permite. Qué difícil es quedarnos callados y
de brazos cruzados viendo cómo una ley que se supone generará más inclusión y mejoras en la
educación, hoy expone a nuestros hijos a un ambiente que crea caos e incertidumbre, no sólo en
alumnos y apoderados, sino que además en las comunidades educativas.
Esta nueva ley ata de manos a las autoridades de los establecimientos, no solamente en
los aspectos administrativos, sino también en la aplicación de los reglamentos y sanciones,
exponiendo a los mismos alumnos que debieran estar protegidos por el sistema a ser víctimas de
quienes aplican la violencia como forma de vida. Tenemos claro que quienes legislan este tipo de
medidas jamás serán los que pasarán estas angustias, pues sus hijos están en colegios pagados
cuyos reglamentos estrictos no son tocados ni intervenidos y tal vez para los expertos que están
detrás de la creación de estos proyectos nuestras opiniones son alarmistas, pero para nosotros, los
padres que día a día enviamos a nuestros hijos al colegio confiados en que estarán cuidados y
resguardados al interior del mismo, no es ser alarmistas, sino manifestar una aprehensión real
por el rumbo que hoy se está dando a los establecimientos educativos.
Tenemos claro que el primer educador es la familia, pero cuando un niño ingresa al
sistema educativo sabemos que éste se suma a la formación que ese niño o niña necesita para
desarrollarse de manera integral y parte del aprendizaje son las reglas y normas de buena
convivencia en que se aprende la disciplina, y la sanción asociada a la falta de ésta.
Ya basta de entregar el mensaje errado que está llevando a nuestros hijos a creer que
sólo tienen derechos y no deberes, que pueden hacer lo que quieran sin tener límites o atentar
contra la libertad de otro sin ser sancionado. No puedo creer que las autoridades de nuestro país
no se den cuenta que las medidas populistas que implementan atentan directamente contra el
normal desarrollo de nuestra sociedad. Los padres y apoderados nos esforzamos, trabajamos y
nos preocupamos para que nuestros hijos crezcan y se formen para ser un aporte positivo al país
en el que vivimos, que aprendan que la víctima será protegida y el victimario será sancionado y no
al revés. Hoy vemos que la ley protege al victimario y expone a la víctima a desvincularse por su
propia voluntad para protegerse y proteger su integridad.
Hoy como padres y apoderados hacemos un llamado a nuestros legisladores a
enmendar el daño que se causó con esta nefasta ley, que reformen esta reforma y que sean
capaces de ponerse en nuestro lugar, y entiendan la angustia que sentimos nosotros al ver que la
mal llamada Ley de Inclusión sólo está generando incertidumbre y desasosiego con cada uno de
sus vacíos, y el costo de las malas decisiones de los señores legisladores será asumido por el
tesoro más grande que nosotros tenemos, nuestros hijos.
Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares
Subvencionados (CONFEPA).
