Por : Claudia Rodríguez T.
Directora y fundadora de No Chat
Vicepresidenta Cosoc Subtrans.
Al cerrar este año, el balance en materia de seguridad vial nos obliga a constatar una realidad que persiste: los avances han sido insuficientes frente a la magnitud del problema. Los siniestros viales siguen cobrando vidas de manera cotidiana y, pese a los diagnósticos reiterados y la evidencia disponible, el país continúa avanzando a un ritmo que no se condice con la urgencia que esta crisis exige. No se trata de evaluar intenciones, sino de observar resultados concretos.
Uno de los ejemplos más claros de esta lentitud es la implementación de la Ley CATI. A la fecha, Chile sigue sin contar con un reglamento que permita poner en marcha un sistema de fiscalización automatizada que detecte conductas de alto riesgo, como el uso del celular al volante. Esta ausencia limita gravemente la capacidad del Estado para disuadir infracciones gravísimas y refuerza la sensación de impunidad frente a comportamientos que ponen vidas en peligro.
En el ámbito legislativo, también quedó pendiente un debate de fondo que la sociedad demanda con urgencia: la tipificación del homicidio vial. No se avanzó en reconocer penalmente la gravedad de causar la muerte de otra persona producto de decisiones conscientes al volante, como conducir distraído, bajo los efectos del alcohol o a exceso de velocidad. Mantener estas conductas dentro de figuras penales menores no solo resulta injusto para las víctimas, sino que debilita el mensaje preventivo que la legislación debiera transmitir.
A ello se suma una comunicación de riesgo que, en distintos momentos, mostró falencias relevantes. La seguridad vial no admite mensajes ambiguos ni campañas que trivialicen el problema. Cuando la comunicación pierde seriedad o claridad, se pierde también la oportunidad de generar cambios reales en el comportamiento de las personas. Comunicar riesgo es una responsabilidad técnica que requiere rigor, coherencia y respeto por el costo humano que está en juego.
En este contexto, preocupa que las organizaciones de la sociedad civil, que durante décadas hemos impulsado leyes, políticas y cambios culturales en seguridad vial, sigan siendo relegadas a un rol secundario en la toma de decisiones. Excluir estas voces no solo desconoce su experiencia, sino que empobrece el diseño de políticas públicas y debilita la respuesta frente a un problema de salud pública complejo y multidimensional.
En este cierre de año, desde ONG No Chat reiteramos que la seguridad vial no se construye desde una sola vereda. Requiere voluntad política, fiscalización efectiva, educación sostenida y un diálogo genuino con quienes han trabajado de manera constante en esta materia. Nuestro compromiso con una movilidad segura se mantiene intacto, así como nuestra disposición a colaborar con cualquier autoridad que entienda que proteger la vida en las calles es un deber.
Mirar este balance no es un ejercicio de recriminación, sino una oportunidad para corregir rumbos. El próximo periodo debiera estar marcado por decisiones concretas, coherentes y valientes. Cada día sin avances reales tiene un costo humano que como país no podemos seguir asumiendo con normalidad. En esa convicción seguiremos trabajando.
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