El suicidio sigue siendo un tema tabú en salud. Pese a la mayor visibilización de las enfermedades mentales y a su creciente aceptación por parte de la sociedad, sigue siendo algo que se oculta y de lo que no se habla. En el suicidio infantil ese silencio es aún más marcado: una realidad dura, que impacta con fuerza no solamente a la familia del niño, sino también al ambiente que lo rodea y a toda la sociedad.
Conversarlo con los datos a la vista es, probablemente, la mejor manera de empezar a hacernos cargo. En los últimos años, las muertes por suicidio en niños y niñas de quince años o menos han aumentando de manera progresiva en Chile. Entre 2020 y 2025 la tasa ajustada por edad subió un 70%, de 0,37 a 0,63 por cada cien mil, y los casos anuales pasaron de quince a veintiocho: seis años seguidos apuntando en la misma dirección. Son números pequeños, pero se trata de una población muy pequeña en edad, en la que la muerte por suicidio se hace aún más incomprensible. Justamente por eso merecen atención temprana, cuando todavía estamos a tiempo.
El año de mayor confinamiento, el 2020, fue, efectivamente el de la tasa más baja y del menor número de muertes en toda la serie. Sin embargo, a partir de ese momento, las cifras han subido de forma sostenida. Posiblemente, las consecuencias posteriores de lo vivido por los niños, niñas y sus familias en pandemia, la des escolarización, el encierro de las cuarentenas y la postergación de las atenciones de salud mental, mientras los equipos se volcaban a la emergencia sanitaria, dejaron una demanda insatisfecha.
El sistema aún no logra absorberla: faltan especialistas infanto juveniles y el acceso sigue siendo estrecho. Y los colegios, que recibieron de vuelta a niños con mayor compromiso de salud mental, todavía no cuentan con todas las herramientas para acompañarlos.
El GES de hospitalización en menores es un aporte real y vale la pena celebrarlo, aunque llega tarde en la trayectoria: se activa cuando el riesgo vital ya está instalado y, por sí solo, no alcanzará a contener una demanda que se formó mucho antes. Por eso conviene mirar con cuidado el oficio que en agosto envió la Subsecretaría de Redes Asistenciales a los servicios de salud, pidiendo aumentar el número de consultas por hora en varias especialidades. En salud mental infanto juvenil, donde el tiempo de conversación es parte del tratamiento y no un costo administrativo, sería valioso que ese criterio quedara expresamente resguardado.
Los datos también nos aportan otra información, y esta es especialmente útil: la brecha por sexo, que en adultos llega a casi cinco hombres por cada mujer, en los menores de dieciséis prácticamente desapareció, con una razón que bajó de 1,6 a 1,0 en tres décadas. Quiere decir que los tamizajes construidos sobre el perfil de riesgo masculino adulto no están bien orientados para esta edad, y eso podemos corregirlo con lo que ya sabemos hacer.
Pero la principal prevención no depende de las camas ni de los cupos de especialista. Casi todo lo que previene el suicidio de un niño de catorce años ocurre bastante antes de una hospitalización: una familia que conoce a su hijo y está consciente de sus necesidades, un profesor que nota la ausencia repetida y pregunta, un equipo de atención primaria con tiempo para una consulta que no venía por otra cosa, un programa de habilidades socio emocionales que dura más de un año en el mismo colegio. Nada de eso es caro comparado con una cama de psiquiatría, y buena parte ya está escrita en los programas que tenemos. Más que inventarlos, se trata de protegerlos del apuro y darles continuidad.
Chile ya bajó esta curva una vez: durante trece años, entre 2007 y 2020, sin que casi nadie lo notara. Vale la pena recordarlo ahora que está volviendo a subir, porque cambia el ánimo con que uno mira estas cifras. No estamos frente a un destino, sino frente a algo que este país ya demostró saber hacer.
