Por: Marco Subercaseaux, académico del Magíster en Vivienda y Barrios Integrados.
Hay una regularidad que se repite en la historia reciente de Chile: cada gobierno, al iniciar
su marcha, ha debido enfrentar algo más que la rutina del poder. No se ha tratado
simplemente de administrar lo heredado, sino de responder a circunstancias
excepcionales que ponen a prueba no solo la eficacia del Ejecutivo, sino también la
densidad moral del liderazgo.
Sebastián Piñera asumió en 2010 con un país devastado por uno de los terremotos más
intensos de la historia moderna. La reconstrucción no fue entonces una consigna, sino
una urgencia material que atravesaba ciudades enteras. A pocos meses de iniciado su
mandato, el derrumbe de la mina San José convirtió el subsuelo en metáfora: un país
suspendido entre la desesperanza y la técnica, entre la fragilidad humana y la capacidad
colectiva. Más tarde vendrían el estallido social de 2019 y la pandemia, episodios que
pusieron al límite la capacidad institucional del Estado.
Michelle Bachelet, en su segundo mandato, enfrentó también el peso de las catástrofes.
Los incendios forestales de 2017 arrasaron más de medio millón de hectáreas entre
O’Higgins y La Araucanía, borraron del mapa localidades completas como Santa Olga y
obligaron al Estado a desplegar recursos excepcionales, cooperación internacional y una
presencia territorial intensiva. No fue solo una tragedia ambiental: fue, sobre todo, una
experiencia de vulnerabilidad colectiva.
Gabriel Boric, por su parte, heredó un país fatigado por la polarización, la inseguridad y la
incertidumbre económica, debiendo gobernar bajo la presión simultánea de la calle, los
mercados y las expectativas de transformación.
Hay en todo ello una constante: gobernar en Chile no ha sido, en las últimas décadas,
simplemente diseñar políticas públicas, sino ejercer conducción en medio de escenarios
críticos, donde la urgencia desplaza al programa y donde la legitimidad se construye más
por la capacidad de respuesta que por la coherencia doctrinaria.
Es en ese contexto donde se sitúan los primeros pasos del presidente electo José Antonio
Kast. A diferencia de otros momentos, su llegada al gobierno no ocurre en abstracto ni en
un escenario de normalidad institucional. Ocurre bajo el peso inmediato de una tragedia
concreta: los incendios forestales que han afectado durante las últimas semanas a
amplias zonas del centro-sur del país, consumiendo miles de hectáreas, poniendo en
riesgo comunidades completas y exhibiendo, una vez más, la fragilidad estructural del
territorio frente a fenómenos cada vez más frecuentes y devastadores.
Su administración, por tanto, no estará marcada únicamente por el desafío de la
seguridad pública, sino también por una tarea urgente de reconstrucción material y
humana que exige eficacia, coordinación, presencia estatal y control efectivo del
despliegue en el territorio.
Ha señalado con claridad que su prioridad será la seguridad, y es razonable: la violencia
cotidiana erosiona silenciosamente la confianza social, y sin confianza no hay vida común
posible. Pero los escenarios de catástrofe enseñan que el orden no se impone solo con
autoridad. Se construye también con respuesta oportuna, con capacidad logística, con un
Estado que llega antes que el abandono.
Los momentos críticos exigen algo más profundo que la firmeza. Exigen cercanía.
Capacidad de llegar a tiempo. De desplegar un aparato público ágil cuando la burocracia
se vuelve lenta. De combinar autoridad con humanidad.
Los primeros cien días de un gobierno suelen ser más un relato que un balance, pero hay
relatos que nacen desde el suelo mismo de los hechos. La reconstrucción que hoy se
abre tras los incendios no es solo un problema de infraestructura ni de presupuesto: es
una tarea profundamente humana, urbana y social. Reconstruir viviendas, restituir
escuelas, recomponer barrios, reactivar economías locales, devolver dignidad a
comunidades fracturadas.
No se trata únicamente de ejecutar programas, sino de comprender el tejido social que se
ha roto y que requiere algo más que eficiencia: requiere presencia sostenida y
sensibilidad institucional.
Tal vez por eso el desafío más exigente que enfrenta el nuevo gobierno no está en la
agenda política ni en el debate ideológico, sino en algo más silencioso y más complejo:
demostrar capacidad de ejecución en el territorio, articular al Estado para que funcione
como un cuerpo coherente y no como un conjunto disperso de reparticiones, y sostener
en el tiempo una reconstrucción que no sea solo material, sino también colectiva.
No es una prueba de poder. Es, sobre todo, una prueba de responsabilidad con quienes
han quedado expuestos cuando todo falla.
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