Por : Manuel Reyes .
Académico Facultad de Ingeniería U. Andrés Bello.
El proyecto INNA, una megainversión de US$ 10 mil millones para producir
hidrógeno y amoníaco verde (H2V, generado por electrólisis con energía solar y
eólica) en Taltal, pone en jaque la posición de Chile como capital mundial de la
astronomía. Si bien el H2V promete ser clave para la descarbonización global, y el
proyecto crearía empleos y exportaciones en un mercado que es aún incipiente y
donde la producción chilena es todavía experimental, el recurso que amenaza es
irremplazable.
Los observatorios Paranal (VLT) y Armazones (ELT) de ESO han permitido
descubrimientos cruciales para el mundo, como la prueba de la relatividad general
o la cartografía del agujero negro central. La comunidad científica, incluidos
Premios Nobel, han alertado que la ubicación de INNA a solo 5-11 km del VLT
generaría un daño mucho mayor que la minería o las ciudades. El impacto incluye
contaminación lumínica, polvo y, críticamente, vibraciones de las turbinas y la
construcción que destruirán la calidad atmosférica única del sitio.
A cambio de poseer este monopolio natural, Chile recibe solo un 10% del tiempo
de observación para sus astrónomos y algunos puestos de trabajo técnicos, una
compensación que se siente como «breve» ante la amenaza de perder una
inversión de US$ 10 mil millones.
La opción de trasladar los centros astronómicos es inviable y supondría la pérdida
total de una inversión que supera los US$ 1.400 millones, además de
comprometer la comparabilidad de las series de datos históricos y la confianza de
los socios internacionales. El INNA posiblemente es reubicable a otros puntos de
la zona norte favorables para H2V, aunque los evaluadores afirman que no.
La pregunta de soberanía es ineludible: ¿por qué debe Chile sacrificar su
desarrollo industrial para que otros países aprovechen su cielo? Es momento de
exigir una renegociación con la comunidad internacional. La protección
permanente de nuestros cielos debe venir con una compensación justa, un «peaje»
por esta «servidumbre de paso» que cubra al menos el costo de oportunidad de no
desarrollar proyectos industriales en el lugar y que llegue a la mesa de todos los
chilenos.
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