Por : Manuel Reyes.
Académico Facultad de Ingeniería U. Andrés Bello.
Hace poco volvió a instalarse en el debate minero chileno una palabra con mucha
carga histórica: “superciclo”. Es comprensible; el país mira su cartera de
proyectos, ve cifras voluminosas y una tramitación ambiental más fluida, y la
tentación es concluir que estamos ante un nuevo auge comparable al de otras
décadas. Pero en minería una etiqueta no reemplaza a la evidencia, y menos
cuando esa etiqueta puede mover expectativas sociales, laborales e
institucionales durante años.
Un superciclo no es una racha. No es un buen par de trimestres ni un repunte de
aprobaciones. Es un cambio estructural de la demanda mundial, lo
suficientemente grande y persistente como para sostener por una década o más
niveles de precio e inversión por encima de la tendencia histórica. Con esa
definición mínima en mente, el caso del cobre exige cautela. Hoy no se observa
aún un salto de demanda global que, en magnitud y persistencia, sea comparable
al vivido en los peaks de 2007 o 2014. Hay fuerzas de largo plazo indiscutibles
—electrificación, redes, transición energética— pero de ahí a afirmar que ya
estamos “en superciclo” hay un trecho.
En litio, cuyo mercado es mucho más pequeño y por lo mismo más sensible a
cambios tecnológicos, geopolíticos y de oferta, podría construirse un argumento
supercíclico con más facilidad; sin embargo, la volatilidad reciente de precios y
señales de demanda en los últimos meses debilita la idea de un régimen estable
de expansión sostenida. El entusiasmo no debería adelantarse al diagnóstico.
Las cifras de inversión también invitan a poner los pies en el suelo. La industria
chilena ya vivió períodos en que la cartera anunciada para la década siguiente
alcanzaba órdenes de magnitud muy distintos. En 2011, por ejemplo, se hablaba
de aproximadamente US$ 64 mil millones para los próximos diez años. La cartera
que hoy se destaca ronda en torno a US$ 10 mil millones a diez años. Es positiva,
por cierto, y refleja movimiento. Pero no es razonable equiparar ambos escenarios
como si fueran el mismo fenómeno histórico con distinto nombre. Cuando el
número cambia de escala, el ciclo también cambia de naturaleza.
El problema no es semántico; es social. Chile sabe —a veces a la fuerza— que
anunciar superciclos tiene efectos reales. La década pasada dejó una lección
clara: en 2011 había siete universidades con Ingeniería de Minas y cohortes
acotadas; al año siguiente, la carrera se abrió en torno a 28 instituciones
adicionales, con matrículas promedio cercanas a cien alumnos por programa. Esa
expansión fue hija directa de una narrativa de auge permanente. El mercado
laboral, en cambio, operó con la aritmética fría de la oferta y la demanda: miles de
titulados terminaron trabajando en sectores ajenos a la minería. No fue culpa de
los estudiantes, sino de una expectativa colectiva sobredimensionada. Repetir esa
curva sin aprender de su derivada sería un error costoso.
Hay otro elemento que suele pasar a segundo plano cuando se habla de “boom” y
“superciclo”: el contexto institucional interno. El destrabe reciente de proyectos no
necesariamente proviene de una señal inequívoca de mercado, sino de cambios
regulatorios y administrativos. La formalización del royalty minero en 2023, con
entrada en vigencia gradual desde 2024, entregó certezas que estaban
pendientes. A ello se suma el esfuerzo por disminuir o, al menos, racionalizar la
llamada “permisología”, que por años ha operado como freno estructural a la
inversión. Ese reordenamiento explica buena parte de la mayor fluidez actual.
Al mismo tiempo, el país enfrenta tensiones nuevas que complejizan el escenario
futuro. La Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
(SBAP), introdujo la identificación de “sitios prioritarios” para conservación que en
varios casos se superponen con áreas de operación o expansión minera. La
reacción no tardó: Sonami actualizó su Mapa Minero para reflejar zonas de
conflicto y se impulsó un nuevo Consejo Minero con foco en la defensa de la
pequeña y mediana minería, tal como han reportado medios especializados. Todo
esto perfila un ciclo donde inversión y gobernanza ambiental interactúan con
fricción, y donde el flujo de proyectos depende tanto de la economía global como
de la arquitectura institucional local.
Nada de lo anterior niega el buen momento de actividad. Chile puede y debe
celebrar que existan proyectos, que mejoren los tiempos de evaluación y que se
recupere dinamismo inversor. Lo que sí corresponde es evitar el reflejo automático
de llamar superciclo a cualquier auge. Un boom de proyectos puede ser resultado
de destrabes internos, de una ventana favorable de inversión o de expectativas
sectoriales; un superciclo requiere, además, una demanda mundial que empuje de
manera robusta y sostenida. Confundir ambas cosas es como extrapolar una
tendencia lineal desde dos puntos cercanos: puede verse elegante en el papel,
pero termina fallando cuando importa.
Si vamos a construir futuro minero, hagámoslo con memoria y con rigor. La
industria necesita optimismo, sí, pero del tipo que resiste los datos. Y el país
necesita que su relato minero no vuelva a inflarse más rápido que la realidad que
pretende describir.
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