Por : Carla Meyer Arancibia.
Asistente Socia Académica área de Ciencias Sociales IP-CFT Santo Tomás Viña del Mar.
Este 2025, el Trabajo Social en Chile cumple 100 años desde la creación de la primera
Escuela de Servicio Social. Un siglo de compromiso con la justicia social, la dignidad
humana y la transformación de realidades. En este contexto, considero interesante
reflexionar sobre la discusión abierta que existe sobre las distintas rutas de formación
profesional que han sostenido y diversificado el ejercicio del Trabajo Social en nuestro
país.
La Ley N° 20.054, que en 2005 restituyó el rango universitario exclusivo para el Trabajo
Social, buscó fortalecer el desarrollo disciplinar, manteniendo en la formación a nivel
técnico profesional la formación de Asistentes Sociales, cuya ruta académica les permite
eventualmente optar a una licenciatura en Trabajo Social.
Desde 2016, la gratuidad en educación superior ha permitido que miles de jóvenes
accedan a carreras como Servicio Social en instituciones técnico-profesionales
acreditadas. Esta política pública ha sido una herramienta de inclusión, especialmente
para estudiantes del 60% más vulnerable, transformándose en una oportunidad de
equidad que permite que personas con vocación y capacidad accedan a una formación
pertinente y transformadora.
Sin embargo, la paradoja es evidente: el Estado financia la gratuidad en institutos, pero al
mismo tiempo se abre a discutir la legitimidad para formar a profesionales del área.
Las universidades chilenas han sido históricamente espacios de consolidación del
pensamiento crítico, la investigación aplicada y el desarrollo de modelos de intervención
social. Su aporte es indiscutible: programas acreditados, cuerpos académicos con
trayectoria investigativa y vínculos internacionales que fortalecen la formación
profesional. La formación universitaria permite una profundización teórica y metodológica
que enriquece la práctica del Trabajo Social en contextos complejos, como la gestión
pública, la investigación social y el diseño de políticas.
Desde los Institutos Profesionales el aporte también ha sido relevante, estos espacios han
formado generaciones de profesionales que intervienen directamente en los territorios,
con enfoques prácticos, éticos y contextualizados. En muchos casos, sus egresados son
quienes sostienen la intervención social, colocando principalmente un foco en una
atención directa, empática y consciente del privilegio de atender a sus propias
comunidades.
Las universidades aportan investigación y desarrollo disciplinar; desde los institutos,
acceso, pertinencia y arraigo territorial, haciendo carne el desarrollo disciplinar. No se
trata de elegir entre una u otra, sino de articular saberes, reconocer capacidades y
construir puentes que permitan que el Trabajo Social siga siendo una herramienta de
transformación social, sin exclusiones. En eso la discusión debiera quizás instalarse en
asegurar espacios formativos de calidad, con las correctas acreditaciones técnicas, en
parámetros formativos de excelencia, o en promover incansablemente la inclusión
obligatoria de nuestra profesión en el código sanitario y en otros espacios laborales, o
quizás debamos discutir del impacto que ha provocado un modelo que ha neoliberalizado
incluso las posiciones de quien puede o no estudiar lo que dicta su vocación.
