Diputado Andrés Celis acudirá al Consejo de Defensa del Estado por irregularidades en Parque Cultural de Valparaíso.

 

El parlamentario del distrito siete señaló que la investigación de la Contraloría de Valparaíso es contundente respecto a vicios, desórdenes, presuntos ilícitos y malas prácticas en la utilización de más de mil millones de pesos.

El diputado Andrés Celis acudirá al Consejo de Defensa del Estado para solicitar que el organismo estudie todos los antecedentes y en el caso que aparezcan hechos que reviertan el carácter de delito, el Consejo se haga parte e interponga las acciones legales pertinentes contra todos aquellos que aparezcan como responsables de los más de mil millones de pesos “perdidos” de fondos públicos en el Parque Cultural de Valparaíso.

Al respecto, el parlamentario del distrito siete, explicó que en su rol fiscalizador y en virtud de la ley de bases de la administración pública y de probidad, está facultado para resguardar el buen uso de dineros públicos.

“La situación del Parque Cultural de Valparaíso es grave, estamos hablando de más de mil millones de pesos que corresponden a dineros públicos que no se sabe con certeza en qué se gastaron. Además la Contraloría de Valparaíso ha entregado un informe que evidencia, a lo menos, malas prácticas en la gestión administrativa de los últimos tres años”, señaló Celis.

El diputado de RN añadió: “El rol que en mi opinión le corresponde al Consejo de Defensa del Estado es analizar exhaustivamente todos los elementos y conclusiones derivadas del Informe de Contraloría y que lleve a cabo las acciones legales correspondientes por eventuales delitos en el uso de dineros públicos, ya que vía Glosa Presupuestaria el Parque recibe cada año más de mil millones de pesos”.

Finalmente, Andrés Celis valoró la reacción de las autoridades correspondientes del gobierno regional y las medidas anunciadas por el Intendente respecto a la realización de una auditoría externa. Sin embargo, enfatizó que ante la mínima duda de dineros fiscales malgastados o administrados en forma dolosa, su deber es accionar de inmediato ante el ente cuya función principal es asesorar, defender y representar los intereses del Estado de Chile, tanto a través del ejercicio de acciones y defensas judiciales como extrajudiciales.

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