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Gobernador de Quillota,destacó el inicio de las obras de construcción del primer rodoviario en comuna.

Autoridad Provincial César Barra dijo que es un ejemplo del

trabajo conjunto entre el sector público y el área privada que

permite generar desarrollo en la zona.

Como una buena noticia para la comuna y la provincia, calificó el

gobernador César Barra, el inicio de las obras de construcción del

primer rodoviario de Quillota.

El proyecto contempla una inversión de 3 millones de dólares,

contempla habilitar un terminal de buses en el sector del Parque

Industrial, ubicado en la intersección calle Serrano con Avenida

Monckeberg.

Autoridades encabezadas por el gobernador Barra, el alcalde Luis

Mella, concejales y vecinos participaron en una ceremonia donde se

colocó la primera piedra del edificio, cuya construcción está a cargo de

empresa GlobalNet S.A.

“Es una buena noticia. Da cuenta que trabajando en conjunto el sector

privado y el sector público se pueden llegar a buenas obras en este

caso algo tan necesario para la seguridad de las personas. Es un gran

avance que un privado decida invertir en Quillota y en una zona donde

se construyen nuevas viviendas, por lo que es un polo industrial,

inmobiliario y comercial”, explicó el gobernador César Barra.

El empresario Ricardo Ponce, a cargo del proyecto dijo que estiman

que la construcción se extenderá por 8 meses, por lo que el nuevo

rodoviario estará operativo en febrero del próximo año.

Por su parte el alcalde Luis Mella dijo que se trata de un proyecto

largamente esperado en la comuna, que permitirá generar empleo

durante la construcción y posterior funcionamiento del recinto, además

de mejorar la calidad de la atención a los pasajeros de viajan desde

Quillota a diversos puntos de la región y el país.

El terminal de buses de Quillota constará con 8 andenes y 70

estacionamientos, además de locales comerciales, con cerca de 1.780

metros cuadrados edificados en dos plantas, en un terreno de media

hectárea.

Las autoridades comunales, provinciales y regionales, se

comprometieron a realizar las gestiones para que la locomoción

colectiva de la ciudad, pueda acceder hasta el nuevo recinto.

Expertos califican como “insuficientes” esfuerzos del Gobierno para detener atentados en La Araucanía.

El especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, sostiene que se requieren medios tecnológicos y un equipo de investigación que permita a fiscales acreditar responsabilidades por estos hechos.

La también experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, señala que se necesita avanzar en inteligencia policial.

Un ataque incendiario en la comuna de Padre Las Casas, que casi termina con la vida del agricultor Álvaro Bernedo, es el último hecho de violencia conocido en la región de La Araucanía, lo que vuelve a la memoria otros atentados de similares características en el sector.

Para el experto en seguridad ciudadana de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, pese a que existe una preocupación de parte del Gobierno de mantener un fuerte despliegue policial en la zona, “el esfuerzo no ha sido suficiente. Los fiscales requieren un apoyo especial para contar con medios tecnológicos y un equipo de investigación que les permita dar con los responsables de estos atentados”.

De acuerdo al académico de la Facultad de Humanidades del plantel estatal, también “se requiere efectividad en la investigación, para que esto no quede impune. A la Fiscalía hay que darle un equipo especializado para investigaciones que les permita llegar a resultados”.

El especialista sostiene que a pesar de que muchos hechos son puramente delitos, ello no impide que se deban desarrollar una serie de acciones de carácter político para resolver este tema. Por eso, resaltó la importancia de que una nueva constitución recoja la necesidad de facilitar mecanismos de representación popular a miembros de la comunidad indígena.

“No existe una ligazón absoluta entre lo político y lo delictual, pero sí hay pobladores de comunidades mapuche que no han encontrado canales para expresar su disconformidad a través de representantes de su mismo pueblo. Podrían sentirse más identificados y, en ese sentido, promover una canalización institucional de estas demandas. Esto puede ayudar a detener el conflicto”, sostiene.

Por su parte, la experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, coincide en que a pesar del amplio despliegue policial, “esto no es suficiente. Se requiere avanzar en inteligencia para abordar los hechos delictuales y agilizar la búsqueda de solución a los problemas de los pueblos originarios”.

Aunque la académica afirma que existen dos fenómenos entremezclados, como es el fenómeno político de reivindicación de tierras, y por otro lado, acciones puramente criminales, “evidentemente, lo que uno debiera esperar es que el Gobierno tenga dos estrategias claras para separar hechos delictivos con hechos sociales. El problema es que la mayoría de los hechos son confundidos con estas dos situaciones”.

“En estas circunstancias, es difícil resolver esto con una sola acción. Tiene que haber una serie de hechos concatenados, entre ellos, la búsqueda permanente de procesos de investigación judicial que lleve a niveles de solución”, complementa.

Finalmente, el especialista en crimen, pobreza y desigualdad, Mauricio Olavarría, recalca que lo que hace falta es “un mayor entrenamiento policial con técnicas más actuales y mayor tecnología, lo que podría proporcionar resultados mayores”.

Además, señala que se requiere “mejorar los mecanismos de investigación policial, para que las pruebas pasen estándares probatorios más exigentes”.

Experto demanda la creación de una autoridad metropolitana que centralice iniciativas en materia de transporte.

 

Ante medidas en municipios de Santiago:
El especialista en transporte urbano de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, subraya la necesidad de una “institución central” que dé continuidad a decisiones que son adoptadas por separado en municipios de la capital.

El académico urge por un cambio de imagen de Transantiago, a objeto de reimpulsar el compromiso de la ciudadanía con el sistema de transporte y, así, reducir la evasión.

Mientras en Renca colocan estufas en paraderos del Transantiago, en el sector oriente de la capital se habla de un tranvía que una las comunas de Las Condes con Lo Barnechea. Otras iniciativas, como Bike Santiago, cubren un amplio espectro, pero en el resto de los sectores, se las arreglan como siempre.

Para el experto en transporte urbano de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, a pesar de que existe el Directorio de Transporte Público Metropolitano, que busca potenciar la calidad de servicio a través de la regulación, el control y la supervisión del sistema, no existe un organismo central –una “alcaldía mayor”, grafica- que unifique las decisiones que se toman en las comunas respecto del transporte.

“No existe una institución central que sea capaz de asumir decisiones políticas completas en estos temas para la ciudad. Tenemos alcaldes independientes que toman decisiones, pero no son continuas”, afirma.

El académico subraya que se deben presentar ciertas decisiones técnicas. “Una cosa fundamental es establecer una política integral de transporte en Santiago. Si seguimos gestionando ideas a escala comunal, autónomas, independientes, donde no hay coherencia ni continuidad, cualquier cosa se va a ver deformada, discontinua y, finalmente, no va a generar el servicio eficiente que necesitamos”, afirma.

“Se debe dar un soporte institucional bien estructurado, vinculado desde el Ministerio de Transportes, pero llevado como un tema de Gobierno de la ciudad, a nivel central”, complementa.

De acuerdo a Martin, Metro es un ejemplo de cómo debe funcionar el sistema de transportes en la capital. “Es una iniciativa global y aceptada, que funciona. No hay comunas que planteen modificar el trazado del Metro porque les parezca bien o mal. Metro tiene una política urbana”, sostiene.

Cambio de estrategia en Transantiago

El próximo año se abrirá una nueva licitación de Transantiago. No obstante, la crisis financiera de dos operadores, Subus y Alsacia, pone en duda la rentabilidad del sistema de transporte capitalino, a sabiendas de la evasión que, en mayo, registró un 28%.

Para el experto, el sistema requiere de un “cambio rotundo” en el que se modifiquen, incluso, el nombre y la imagen de Transantiago, para generar un nuevo compromiso entre la ciudadanía y este servicio.

“Se requiere un reinicio o reseteo del Transantiago. Tiene que ser un tema conjunto, tanto técnico como de imagen. Debe existir una renovación de esto, para que se establezca un nuevo compromiso de la gente con el servicio. Si no tenemos esa confianza, seguirá apareciendo la evasión. Esto es muy difícil de retomar”, advierte.

“Lo que se requiere es una reformulación del Transantiago, cambiar su nombre o su imagen”, insiste.

Tarificación vial

El Gobierno envió al Congreso una indicación para establecer una tarificación vial que implique el pago de un pase diario a cambio de circular en determinados lugares pese a tener restricción. La medida busca reducir la congestión hasta en un 15%.

Al respecto, el académico recuerda que la tarificación vial ya se aplica en Santiago a través de los TAG. “La medida es relativamente sensata en términos de operación. El problema de Santiago es que tiene un eje central que es la Alameda y estamos sobre-centralizados por la Línea 1 del Metro”, lo que dejaría sin opción de no pagar a quienes transitan cotidianamente por la ciudad, explica.

“Una tarificación, si bien es algo sensato, lo que implica es que se motive el transporte público y para eso hay que tener una buena oferta tanto en la calidad del servicio como en los tiempos de viaje, vías exclusivas, etcétera. Es decir, una serie de soluciones encadenadas”, afirma.

El especialista rechaza que la medida incentive la compra de un segundo vehículo. “Hemos llegado a nuestros máximos de motorización. Uno podría extrapolarlo al infinito, pero hay condiciones económicas de base que permiten que una familia tenga un segundo automóvil, cosa que en la realidad chilena dudo que pueda seguir creciendo al mismo ritmo que con la puesta en marcha del Transantiago. Estamos cerca de la estabilización del parque automotriz”, asegura.

Por otra parte, el académico descarta que la solución sea construir más calles para reducir la congestión. “Aunque suena una solución lógica, ello implica incentivar más el uso del automóvil particular y olvidarnos del transporte público, lo que no tiene sentido en la realidad actual”.

Más de 500 representantes y miembros de CONFEPA se manifestaron en las afueras del Congreso Nacional.

 

Érika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, hizo entrega de una carta a las Comisiones de Educación de ambas Cámaras, exigiendo integrar las mesas de trabajo solicitadas al Ministerio de Educación y la postergación de los plazos de la Ley de Inclusión.

Más de 500 padres y apoderados asistieron a la manifestación convocada por CONFEPA que culminó sin disturbios con la entrega de una carta a las Comisiones de Educación del Congreso, con el fin de que la Confederación se incorpore a las mesas de trabajo solicitadas a la Ministra de Educación y se extiendan los plazos de la Ley de Inclusión para que los proyectos educativos se transformen en fundaciones.

Érika Muñoz, presidenta de la agrupación, calificó la ley como improvisada y enfatizó que terminará con la Educación de la clase media en Chile.

“Hoy día nos trae la denuncia de cuántos colegios ya traspasaron su forma a particular pagado, dejando a más de 15.000 familias sin la posibilidad de que sus hijos sigan estudiando en los colegios que ellos eligieron libremente. Además de eso, queremos entregar una carta a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Educación del Senado, pidiendo que ellos lleven a efecto los cambios que ahora ofrecen en la ley para que los colegios puedan seguir funcionando y nuestros hijos no se queden sin la matrícula en esos establecimientos”.

La representante agregó que han sido innumerables las veces que se han reunido con parlamentarios y diversas autoridades, con el objetivo de ser escuchados por el Gobierno.

“La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados envió una carta a la Ministra en que solicitan la ampliación de los plazos de transformación, que es el 31 de diciembre de 2017, para crear una ley corta que arregle los problemas que hoy tiene la ley, porque la comisión reconoce que esta ley está mal hecha. El senador Rossi, hace unos días atrás, declaró que en esta ley hay cosas que van a funcionar bien y otras no. En realidad, un show con la ley de educación y la educación de nuestros hijos”, enfatizó.

A la manifestación también acudieron representantes de la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales (UNEES), cuya presidenta, Francia Lagos, se refirió al caso puntual de estos colegios.

“Las escuelas especiales hemos estado siempre invisibles en esta Ley de Inclusión. Los parlamentarios dicen que se va a legislar una ley aparte, pero hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Esperamos que el ex ministro de Educación Eyzaguirre cumpla su compromiso, ya cuando se le planteó por qué las escuelas especiales estaban invisibles en esta ley, dijo que iba a hacer una legislación que regulara solamente a las escuelas especiales. Hasta el momento, esa promesa no se ha cumplido y estamos aunando fuerzas para reclamar nuestros derechos, porque son escuelas que tienen a los niños más vulnerables de este país y a ello se le suman todas las problemáticas que sufren estas familias, por lo tanto daremos la lucha también por eso”, recalcó la representante.

Comisiones de Educación del Congreso

Cabe señalar que, en representación de la Comisión de Educación de la Cámara Alta recibió la carta el senador Andrés Allamand, quien agradeció la presencia de los manifestantes en un marco de respeto y valores. En tanto, por la Comisión de la Cámara Baja, lo hizo el diputado Jaime Bellolio. Ambos parlamentarios se comprometieron en dar a conocer los documentos en ambas instancias.

“Ustedes son un movimiento social extraordinariamente valioso. Se manifestaron, se movilizaron y aportaron ideas, siempre teniendo por delante lo que a ustedes los motiva, el derecho a elegir una mejor educación para sus hijos y que éstos puedan estudiar en un ambiente de orden, respeto, disciplina y progreso”, indicó Allamand.

El parlamentario añadió que “con Jaime Bellolio siempre hemos estado en contra de esta mala reforma. Y, ahora, junto con ustedes, tenemos que ser capaces de hacer un gran esfuerzo para corregir la tremenda embarrada que está dejando esta reforma que no le ayuda a los padres, ni a los niños, ni a los sostenedores, y no beneficia a los profesores. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo por corregir esta reforma y el punto de partida debiera ser el alargamiento de los plazos y, tal como dice la carta de CONFEPA, el que se constituya una mesa de trabajo para que los padres y apoderados de la educación particular subvencionada puedan seguir haciendo escuchar su voz”.

Por su parte, Bellolio consideró que “este proyecto de ley no tiene nada que ver con la calidad. Durante todo el año 2014 el Ministerio de Educación le faltó al respeto a muchas familias de clase media, que con mucho esfuerzo mandaban a sus hijos a escuelas subvencionadas. El Gobierno piensa que las familias están avergonzadas de que sus hijos hayan ido a escuelas subvencionadas, están equivocados. Lo que esas familias han hecho es buscar una mejor calidad para sus hijos. Lo que todos queremos como padres es darles lo mejor a nuestros hijos y ésta fue una reforma que puso fin a muchas cosas. Decía que ponía fin al lucro, copago y selección, pero puso fin a muchas oportunidades para miles de familias a lo largo de todo Chile”.

¿Participación o Mera Información?COMUNICADO PÚBLICO con respecto a la noticia difundida por un diario local, el lunes 4 de Julio, sobre la "participación ciudadana" en el proyecto de Extensión de Av. Alemania.

 

Con respecto a la noticia publicada por el diario "La Estrella”, del Lunes 4 de julio de 2016, la “Asamblea de vecinos Barón, Cabritería y Placeres”, manifiesta:

En primer lugar, destacar que la convocatoria a dicha reunión fue realizada tardíamente, el mismo día y a pocas horas de la citación , lo que impidió la entera asistencia de los afectados, precisando que las invitaciones fueron entregadas, sin timbre ni firma de la autoridad gubernamental que convoca (SERVIU).

En Segundo lugar, la invitación comprometía la presencia de algún funcionario de SERVIU, sin embargo solo concurrió el equipo de la consultora Michell.

Finalmente, se habla de una “participación ciudadana”, cuando lo que ocurrió realmente fue una reunión informativa, ya que los asistentes no tuvieron injerencia en la toma de decisiones, frente a un proyecto que, a la vista de la empresa consultora, no existen otras alternativas, siendo éste inmodificable. Es un proyecto del Estado que no considera el bienestar integral de las personas afectadas.

El sólo hecho de asistir a una reunión avisada tardíamente, ¿ es Participación Ciudadana?.

Asamblea de Vecinos Barón Cabritería Placeres.