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El diputado UDI por la provincia del Marga Marga, Arturo Squella, celebró el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto que "aumenta protecciones legales y beneficios, aplicables a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad", señalando que este, urge en relación a hacer frente al aumento sostenido de agresiones e insultos a las fuerzas de orden de nuestro país.

Y es que, entre el año 2011 y 2012, los ataques contra la integridad de Carabineros fueron 257, mientras en lo que va de año, ya se registran más de 60. A esto es lo que precisamente el parlamentario UDI dice hay que frenar a la brevedad, puesto que si hay algo que Chile necesita hoy, es “recuperar la autoridad y el respeto hacía nuestras fuerzas de orden y Carabineros de Chile”.

En esa línea Squella, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara Baja, señaló que: “Esperamos que el proyecto de Gobierno que fortalece y refuerza las penas a personas que agreden a Carabineros, tenga el respaldo necesario de parte de todos los sectores políticos, y más allá de los puntos de vistas ideológicos, piensen en la ciudadanía, piensen en las personas que viven en los sectores donde se desarrollan estas manifestaciones públicas, y piensen en Carabineros, las fuerzas de orden, y sus familias que están día a día batallando por brindarnos mayor seguridad y tranquilidad”

El diputado gremialista agregó que: “Si hay un grupo de personas que está injustamente tratada desde el punto de vista de nuestra legislación, son precisamente nuestros carabineros. Como Estado debemos hacer un reconocimiento explícito no sólo a ellos, sino a las familias, por el trabajo que les corresponde cumplir en nuestra sociedad, apoyarlos y preocuparse desde la perspectiva laboral y sobre todo personal”.

De aprobarse este nuevo marco legal, hasta 60 días de presidio se arriesgará una persona por insultar gravemente o maltratar a un carabinero determinado, mientras que entre otras disposiciones, la normativa también busca aumentar las penas aplicables a las lesiones graves cometidas contra funcionarios policiales. Así, la pena aplicable aumenta a presidio mayor en su grado medio a máximo (10 a 20 años).