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Los diputados Alejandro Santana, de la Comisión de Hacienda y Sergio Ojeda, de la Comisión de Gobierno Interior, informaron a la Sala el proyecto que perfecciona el rol fiscalizador del Concejo Municipal y fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, presente en la sala manifestó que “todos esperamos que este proyecto sea aprobado por el parlamento a la brevedad para que en Chile se valore la labor que desarrollan, en todas las comunas del país, los concejales”.

Por su parte, Marco Espinoza, Concejal de La Florida y presidente de la Comisión Nacional de Concejales de la AChM, señaló que “estamos esperanzados con este proyecto porque los concejales y concejalas necesitamos las herramientas mínimas para desarrollar en mejor forma nuestra labor”.

Espinoza hizo un llamado al gobierno para que cumpla su compromiso enunciado en Casa Piedra por el ex Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en relación a mayores grados de responsabilidades para los concejales y mayores recursos para su función. Del mismo modo, llamó a los concejales de todo el país para que este lunes 9 de septiembre acudan a Valparaíso para que estén presentes en la discusión del proyecto.

Marco Espinoza adelantó que más de mil concejales se reunirán la próxima semana en la ciudad de La Serena y ahí debatirán los alcances que tendrá la entrada en vigencia de la ley. Según datos de la AChM, los más de mil concejales que asistirán a este congreso pertenecen en su mayoría a comuna medias y pequeñas de nuestro país.

Sobre el proyecto

La normativa permitirá a los concejales disponer de iniciativa para someter materias a consideración del Concejo, en la medida que no tengan incidencia presupuestaria; y, cuando un concejal subrogue al alcalde en la presidencia de la entidad, éste tendrá la capacidad de representar protocolarmente a la municipalidad.

Asimismo, se contempla que el Concejo pueda disponer la contratación de auditorías externas cada vez que se inicia un ciclo alcaldicio, para evaluar su situación financiera. Dicho evento deberá acordarse dentro de los 120 días posteriores a la instalación del Concejo.

Además, se amplían los permisos que los empleadores deben conceder a trabajadores que se desempeñan como concejales, de manera que sea obligatorio autorizarlos para asistir a comisiones y cometidos que se desarrollen, con un tope de tres días máximo al año.

En otra línea, se obliga a las municipalidades a dotar al concejo y a los concejales de medios de apoyo suficientes para que desarrollen sus funciones debida y oportunamente y se crea la facultad del Concejo para solicitar la comparecencia de los directores de unidades municipales, con el objeto de realizar consultas y requerir información (requerirá la aprobación de un tercio de los miembros).

En materia de probidad administrativa, se establece una facultad para la Contraloría para instruir un procedimiento disciplinario, si es que en uso de sus facultades fiscalizadoras considera que existen actos u omisiones ilegales.

También se hace efectiva la responsabilidad administrativa del alcalde, ya que, pese a ser hoy un funcionario municipal, no existe una autoridad capaz de aplicarle sanciones consideradas en el estatuto administrativo municipal.

La norma propuesta permitirá remover al edil por notable abandono de deberes o contravención grave al principio de probidad; o se podrá aplicar sanciones administrativas de multa, censura o suspensión, para hechos de menor gravedad.