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Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana confiere
atribuciones al sector privado para construir en altura, pasando sobre
planes y ordenanzas locales, sin respetar -incluso- marcos normativos
que hoy protegen los barrios patrimoniales.

El edificio del ex Café Vienés y el del Museo Lord Cochrane de Valparaíso, entre
muchos otros inmuebles en Chile, están en serio riesgo de desaparecer, si es que
sigue adelante el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, que
recientemente se aprobó en general en la Comisión de Vivienda del Senado.
La denuncia la formuló el arquitecto de la Universidad de Playa Ancha (UPLA),
doctor Marco Muñoz del Campo, quien aseguró que esta iniciativa dañará
fuertemente la planificación urbana y el patrimonio, afectando directamente la
calidad de vida de las personas.
De acuerdo con lo que explicó el académico e investigador UPLA, esta iniciativa
considera la entrega en concesión de terrenos fiscales para la construcción de
proyectos inmobiliarios que incluirían una parte para subsidios de arriendo.
Explica que, si bien el espíritu de esta ley busca que las personas puedan vivir en
suelos urbanos con mejores servicios, resulta muy riesgoso para la planificación y
desarrollo de los territorios, puesto que minimiza las normativas para que las
empresas inmobiliarias puedan construir considerando la actual normativa de la
Ley General de Urbanismo y Construcción y, eventualmente, la Ley 17.288 de
Monumentos Nacionales.
En otras palabas, se pone en peligro la puesta en valor del patrimonio
arquitectónico, urbano y territorial, protegido y no protegido.
“Este proyecto de ley va en directo beneficio de las empresas
inmobiliarias, porque ellas actuarían bajo amplias atribuciones para
desarrollar sus proyectos. Además, esta iniciativa legal limita el accionar
de la ciudadanía y vulnera todo el trabajo realizado en cada localidad. Es
decir, se limita y desconoce gravemente la participación de las
organizaciones sociales y de los organismos técnicos locales en el
desarrollo urbano presente y futuro de las ciudades. Esto pone en serio
riesgo el patrimonio, porque no sabemos si respetará aquello que está
protegido y deja en una situación de vulnerabilidad absoluta aquello que
no lo está. Doy solo un par de ejemplos: El edificio del Ex Café Vienés, el
edificio que albera el Museo Lord Cochrane, el entorno de la Iglesia San
Francisco, de Barón y cuanto edificio abandonado que podría pasar a
manos del Fisco por no existir herederos”, dijo el académico.
El doctor Muñoz, quien también es coordinador del Magíster en Arte mención
Patrimonio de la Facultad de Arte de la UPLA, sostuvo que si se aprueba esta
iniciativa legal tal como está, se corre el riesgo de modificar los distintos y
diversos proyectos de ciudad en nuestro país y alterar los objetivos estratégicos
que han sido consensuados entre los gobiernos locales y regionales y sus
respectivas comunidades.

COLEGIO DE ARQUITECTOS

Su opinión es compartida por el Colegio de Arquitectos, instancia que mediante
una declaración pública afirmó que esta iniciativa entrega suelos públicos al
mercado inmobiliario en desmedro de otras organizaciones como los comités de
vivienda. Además, plantean que, al favorecer a las empresas inmobiliarias para
presentar proyectos en zonas de alto interés económico, se vulneran los aspectos
esenciales de la planificación urbana, como la densidad y la altura.
“La comunidad tiene mucho que decir respecto al desarrollo de la ciudad
y, en eso, hay mucho trabajo involucrado. Las universidades también
aportamos día a día. Y ante ello, no podemos aceptar que se nos deje
fuera de la discusión y se pase por encima del trabajo desarrollado en
cada municipio, donde las universidades, históricamente, hemos hecho
nuestro aporte. Sin ir más lejos, el prolífero trabajo que ha desarrollado
nuestra institución en cuanto a fortalecer los valores patrimoniales de
Playa Ancha, en un trabajo conjunto con los vecinos y el municipio local.
En suma, si no se reformula este proyecto, a partir de los mecanismos
que se debiera garantizar en un Estado democrático, se hará un daño
enorme a la forma en que se toman las decisiones en nuestro país: este
proyecto requiere discusión y consenso donde debe estar presente la voz
de quienes viven las consecuencias de esas decisiones”, concluyó Marco
Muñoz.