Recientemente el Sernac logró una histórica compensación para más de 400 mil asegurados por incumplimientos en la entrega de los dispositivos.
En un contexto donde la seguridad vehicular es un tema cada vez más relevante para la ciudadanía, la Ley Antiportonazo ha sido clave para avanzar en medidas. La norma establece la entrega de dispositivos GPS al contratar o renovar pólizas de seguro para vehículos, tal como lo exigen las disposiciones en la Ley 21.170.
Sin embargo, un reciente acuerdo judicial marcó un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores. HDI Seguros y Seguros Generales Suramericana S.A. (SURA) deberán compensar económicamente a más de 400 mil clientes por no cumplir con la ley, al no entregar los dispositivos a sus clientes.
La normativa, vigente desde julio de 2019, establece que toda aseguradora debe entregar un dispositivo de geolocalización sin costo adicional a quienes contraten o renueven pólizas de seguros para vehículos motorizados, con el objetivo de facilitar la recuperación de automóviles en caso de robo.
Sin embargo, según constató el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), ambas compañías incumplieron de manera sistemática esta obligación. Entre agosto de 2019 y octubre de 2021, se detectó que en una gran cantidad de pólizas no se entregó el dispositivo GPS, se impusieron cobros indebidos por el despacho y, en muchos casos, no se respetaron los plazos prometidos para su envío.
Sernac logra conciliación
Ante esta situación, Sernac logró una conciliación judicial que beneficiará a cerca de 400 mil usuarios afectados. HDI Seguros indemnizará a 251 mil clientes con un monto total de $771 millones, mientras que SURA compensará a 148 mil asegurados con $522 millones. En conjunto, el monto de la compensación alcanza los 1.300 millones de pesos.
Los consumidores recibirán entre $5.000 y $9.600, según el grado de incumplimiento. Para hacer efectiva la compensación, las empresas solicitarán información personal y bancaria para transferencias directas, y el pago se realizará en un plazo estimado de dos meses tras la entrega de estos antecedentes.
Además, las compañías están obligadas a informar proactivamente a los consumidores mediante correos electrónicos y la publicación de un banner en sus sitios web, donde los usuarios podrán consultar si son beneficiarios ingresando su RUT.
