Con aumentos de hasta un 200% en las deudas en algunas comunas, algunas administraciones están optando por publicar listas de vecinos morosos, desatando un intenso debate en las comunidades.
El alza generalizada del costo de vida está golpeando con fuerza a las comunidades residenciales, donde la morosidad en el pago de gastos comunes se ha disparado, obligando a los administradores de edificios a implementar medidas cada vez más drásticas.
En algunas comunas del país, los deudores han aumentado hasta un 200%, encendiendo las alarmas entre residentes y comités de administración.
De acuerdo con un estudio de una reconocida plataforma de gestión de condominios, durante 2023, por ejemplo, la morosidad en el pago de los gastos comunes en la Región Metropolitana aumentó en un 196% en comparación con el año anterior.
Recientemente, según un reportaje emitido por Chilevisión Noticias, algunas comunidades han comenzado a publicar listas con nombres y datos de los morosos en espacios comunes como ascensores y hall de entrada, con el objetivo de presionar el pago de las deudas acumuladas. Esta práctica ha generado un amplio debate sobre sus implicancias éticas y legales.
Crisis postpandemia y alzas de servicios empujan la morosidad
El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado desde la pandemia. Durante el confinamiento, muchas familias vieron reducidos sus ingresos y perdieron sus empleos, lo que dejó deudas pendientes que, con el paso del tiempo y los intereses acumulados, se han vuelto difíciles de saldar.
A esto se suman las recientes alzas en cuentas de luz, agua potable y transporte público, que seguirán aumentando en 2025, haciendo aún más complejo el escenario financiero de muchas familias.
En los edificios, esta morosidad pone en jaque la operatividad de la comunidad: impide el pago oportuno de servicios como seguridad, aseo, mantenimiento de ascensores y, en algunos casos, los sueldos del personal de conserjería.
La decisión de exhibir públicamente a los deudores ha sido recibida con opiniones divididas entre los vecinos. Algunos consideran que se trata de una acción excesiva y poco ética, mientras otros la ven como una medida necesaria para proteger la sostenibilidad del edificio.
Desde el ámbito legal, la medida puede abrir flancos por vulneración de la privacidad y exposición indebida. Aunque las administraciones tienen el deber de informar sobre el estado financiero de la comunidad, la difusión de datos personales de deudores en espacios públicos podría infringir normativas sobre protección de datos.
