El Consejo de Rectores Vertebral manifiesta su profunda preocupación por la
forma en que el Gobierno ha tramitado ante la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que crea un nuevo instrumento de
financiamiento público para la educación superior (FES) y un plan de
reorganización y condonación de deudas educativas. Desde un principio hemos
valorado y apoyado el esfuerzo de la autoridad por ofrecer mejores alternativas de
financiamiento a los actuales estudiantes y atender la creciente morosidad entre
los egresados del sistema pero, reconociendo elementos valiosos presentes en el
proyecto en tramitación, estimamos necesario señalar lo siguiente:
- Aun cuando hemos participado en todas las instancias a las que hemos sido
invitados, aportando con el trabajo desarrollado por los equipos de nuestras
instituciones socias, ninguna de las sugerencias formuladas en beneficio de la
educación superior técnicoprofesional ha sido considerada en la discusión
legislativa. Además, nos preocupa que las indicaciones introducidas al
proyecto no fueron las fundamentales requeridas por los distintos actores del
sistema para asegurar su estabilidad, calidad, diversidad, proyección y carácter
inclusivo. - En este sentido, resulta necesario señalar que el proyecto de ley compromete
la diversidad del sistema de educación superior, sustentado históricamente en
un modelo de provisión mixta apoyado financieramente por parte del Estado.
Gracias al aporte de instituciones estatales y privadas, cientos de miles de
estudiantes, sin importar su origen geográfico y condición socioeconómica, han
podido construir sus proyectos de vida y contribuir al desarrollo del país. En el
caso de la formación técnico-profesional, el financiamiento estudiantil es
especialmente relevante para que la movilidad social sea también una realidad
para aquellas personas provenientes de los segmentos más vulnerables de la
población. - A nuestro juicio, el proyecto de ley mantiene cinco aspectos críticos que no
están resueltos y que podrían terminar dañando, además de la diversidad del
sistema, la sostenibilidad de las instituciones y las alternativas disponibles para
que los estudiantes puedan acceder a la educación superior. Estos aspectos
son 1) el exceso de retribución para los titulados; 2) la prohibición de prepago;
3) el fin del copago hasta el noveno decil, que puede comprometer seriamente
la viabilidad futura de algunos proyectos educativos; 4) la eliminación de becas
estatales y; 5) la exclusión del financiamiento a los estudiantes y carreras de la
modalidad a distancia. - Consideramos importante que el gobierno pueda quitarle la suma urgencia a la
discusión que se realiza en la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados para que sus integrantes tengan el espacio que se requiere para
analizar el proyecto en profundidad y en todas sus dimensiones, evitando
generar con él consecuencias no buscadas para estudiantes e instituciones. En
este sentido, resulta fundamental analizar la conveniencia de extender la actual
estructura de aranceles regulados a todas las casas de estudio del sistema que
reciben financiamiento público, como establece el FES, atendidos los impactos
que a las instituciones técnico-profesionales adscritas a la gratuidad han
generado las falencias en su metodología de cálculo, distorsiones en la
valorización de costos y el insuficiente reconocimiento a las particularidades de
las carreras que ofrecen. - Por su parte, pedimos al gobierno convocar a un debate amplio realmente
inclusivo que permita realizar mejoras a la propuesta, en particular, y al actual
sistema de financiamiento de la educación superior, en general. Consideramos
que la consolidación de un sistema que permita avanzar en calidad,
vinculación, investigación e innovación requiere de un amplio consenso social
en torno a las políticas públicas a desarrollar por el Estado para dicho fin.
Mantenemos nuestra disposición a seguir aportando al análisis técnico, de modo
de llegar a un proyecto que cumpla a cabalidad con el propósito que lo impulsa,
esto es, contar con un instrumento de financiamiento estudiantil más eficiente,
responsable y justo, que avance en garantizar el derecho social a la educación
superior y mejore la recuperación de los recursos públicos invertidos en el nivel
para todas las personas, y no terminar con una iniciativa que simplemente
aumente el rol del Estado sin cumplir con dicho objetivo, e incluso, perjudicándolo.
Consejo de Rectores
de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados
Vertebral
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