En el contexto de crisis hídrica que enfrenta el país, la diputada María Francisca Bello (FA) destacó la aprobación en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto respecto a la protección de las aguas subterráneas y el derecho humano al agua en los sectores rurales. Ahora pasará a sala.
Durante la última sesión de este miércoles de dicha comisión, la diputada Bello subrayó la importancia de la reciente negociación con el Ejecutivo, que aunque no avanzó en todos los aspectos deseados, sí logró pasos significativos para la protección de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) y sus pozos.
«La protección del derecho humano al agua en sectores rurales es fundamental», afirmó Bello. «Enfrentamos la constante amenaza de que los pozos APR se sequen debido a la cercanía de otros pozos, a menudo a menos de 200 metros. Este proyecto de ley tiene como objetivo mitigar estos riesgos y proteger nuestros recursos hídricos de inclusiones salinas y otras cuestiones medioambientales.»
Entre los logros destacados, la diputada mencionó la responsabilidad Estatal, pues será la Secretaría de Servicios Sanitarios Rurales la encargada de proteger los pozos más allá de los 200 metros, aliviando a las APR de la carga financiera de estudios hidrogeológicos costosos.
También sanciones más severas: Se han incrementado las multas para quienes irresponsablemente secan los pozos de las APR, fortaleciendo así la capacidad de la Dirección General de Aguas (DGA) para fiscalizar y asegurar el cierre de pozos caducos.
Y por último, protección medioambiental, donde se han implementado medidas para prevenir las inclusiones salinas en áreas costeras, garantizando que el agua potable no se mezcle con sal, un imperativo para la salud de las comunidades.
Sin embargo, la diputada Bello también reconoció las limitaciones del proyecto. «Hemos cedido en algunas áreas, especialmente en la profundización del cuidado medioambiental. Aunque hemos logrado proteger los derechos de agua y propiedad, aún queda pendiente una protección más sustantiva de la calidad y cantidad de agua.»
Finalmente, Bello enfatizó la importancia de continuar avanzando en la legislación para asegurar que el Estado sea garante del derecho humano al agua. «Aunque esta negociación ha implicado ceder en algunos puntos, creemos que los avances logrados son fundamentales y seguirán beneficiando a nuestras comunidades rurales.»
