La Comisión de Constitución conoció la propuesta que pretende limitar el acceso a la libertad provisional establecida en el Código Procesal Penal, para cualquier imputado por este tipo de delitos.
La Comisión de Constitución inició el debate de una nueva modificación al Código Procesal Penal. La propuesta (boletín 16563), originada en una moción impulsada por la diputada Marcela Riquelme (IND), restringe el otorgamiento de beneficios carcelarios/judiciales a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes (NNA).
La norma tiene como propósito visualizar una problemática grave que aqueja constantemente a las víctimas de estos delitos. Se trata del hecho que imputados y condenados pueden acceder a beneficios durante la tramitación del juicio, sin considerar la gravedad del delito cometido.
En tal plano, se busca limitar las acciones tendientes a quienes, por tener una capacidad económica superior, creen que pueden obtener un beneficio carcelario, sin importar la vulneración de derechos cometidos a las víctimas. Ello genera en la sociedad una horrible percepción de impunidad, se plantea en el texto.
Atendiendo el punto, el proyecto contempla establecer la imposibilidad de que los agresores sexuales contra NNA tengan beneficios. Así, se propone negarles de forma absoluta la posibilidad de acceder a la libertad provisoria, al arresto domiciliario o rendir caución.
La diputada Riquelme planteó que la libertad del imputado siempre constituye un peligro para el ofendido. Por ello, se aspira a limitar la libertad provisional y la caución para reemplazar la prisión preventiva.
