La Red de Sostenedores de Colegios V Región por este medio informa a la
opinión pública -y en especial a las familias que por décadas han confiado en la calidad
educativa y formativa de sus hijos a los Colegios Particulares Subvencionados de
nuestra Región de Valparaíso- que, no obstante hacemos nuestra la imperiosa
necesidad del país de reformar la educación, considera que La Reforma impulsada por
el Gobierno lamentablemente nace y se tramita legislativamente no privilegiando el
fondo del asunto, sino intereses ideológicos que la han convertido en un verdadero
botín político.
Con ese objetivo, se ha materializando ya con la Ley de Inclusión que, más que
resolver los déficit educativos de niños, niñas y jóvenes chilenos, generará diversas
dificultades a los Proyectos Educativos elegidos por las familias.
Dado la agresiva estrategia comunicacional tanto del Gobierno como de los
políticos de la coalición que la sustentan, cuyo objeto es desprestigiar nuestro trabajo,
la incesante y digna labor de los colegios particulares subvencionados y sus
sostenedores que por más de 30 años han brindado cobertura de educación de
calidad, nos hacemos el deber de expresar a la opinión pública verdades que han sido
políticamente tergiversadas y torcidas por el aparataje fáctico.
REDCO V Región aclara que:
Los Colegios Particulares Subvencionados (C.P.S.) existen gracias a la invitación
del Estado y fueron fundados en su gran mayoría por profesores, quienes tienen sólo
un colegio y con matrículas en promedio de 500 alumnos, por tanto con escaso
financiamiento, lo que hace que sea un tremendo merito sostener y desarrollar sus
Proyectos Educativos.
Porque el Estado no ha sido ni es eficiente en la gestión educacional y tampoco
cuenta con la confianza mayoritaria de las Familias de nuestro país, estos
emprendimientos privados resolvieron eficientemente para Chile el problema estatal
de la cobertura educacional hasta en los últimos rincones del territorio nacional.
Los sostenedores de C.P.S., tanto para la creación de sus Proyectos Educativos
como para el desarrollo de éstos, han debido hacer fuertes y permanentes inversiones
económicas en base a endeudamiento en la banca privada, con el consiguiente riesgo
patrimonial del sostenedor. De esa forma, se ha financiado más del 90% de la
infraestructura, mobiliario y equipamiento, además de los múltiples costos
burocráticos y administrativos que exige el propio Estado.
No es efectivo que el sistema sea desregulado, ya que los C.P.S. son
permanentemente fiscalizados por diversos organismos públicos, según sus
características: Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de la
Calidad, Municipalidades, Servicio de Salud, Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Servicio de Impuestos Internos e Inspección del Trabajo.
No obstante los C.P.S. sean gestionados eficientemente por privados, el
concepto “Educación Pública” abarca no solamente a la educación municipalizada, sino
que a todos los colegios que reciben financiamiento estatal. Sin embargo, nuestros
alumnos son discriminados en el otorgamiento de beneficios estatales como premios
al logro y a la asistencia, consistentes en entrega de computadores personales, entre
otros.
Los conceptos “Educación Pública, Lucro y Gratuidad” han sido manipulados
comunicacionalmente por personas que en general sólo pretenden satisfacer en forma
populista las válidas demandas sociales. Mismas personas que hoy vemos involucradas
de una u otra manera en verdaderas maquinarias para defraudar económicamente al
Estado, que tanto dicen defender, y que han torcido una vez más “el sistema” en su
Respecto de la Ley de Inclusión, REDCO V Región puede señalar:
En nada aporta a resolver las falencias de fondo que tiene nuestro sistema
educativo nacional, cual es la Calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes
de nuestro país, ya que sus disposiciones sólo apuntan a rediseñar situaciones de
índole económica.
Reduce sustancialmente los recursos económicos a los Proyectos Educativos de
los colegios subvencionados, haciendo realidad el objetivo del ex ministro de
Educación, Nicolás Eyzaguirre, que es “sacarle los patines” a los hijos de nuestros
padres y apoderados. Es decir, nivela hacia abajo.
No es cierta la idea que se intenta instalar comunicacionalmente en cuanto a
que nuestros colegios seguirán siendo los mismos. El gran objetivo es que nuestros
colegios desaparezcan, porque forzosamente deberán transformarse en corporaciones
que serán meras administradoras, cercenando la posibilidad de continuar mejorando
los proyectos educativos de los actuales colegios particulares subvencionados.
Las corporaciones al año 2020 deberán comprar las infraestructuras al antiguo
propietario, quien no está obligado a vender. Además, el Estado entrega el negocio del
financiamiento a la banca privada, la cual mayoritariamente ha expresado su
desinterés en participar de esta operación.
Desde que el aporte de las familias se hizo necesario para el mejoramiento de los
Proyectos Educativos, han existido colegio de financiamiento compartido y muchos
gratuitos, por tanto la gratuidad no es una novedad. Al respecto, la Ley de Inclusión no
tiene efectos en el corto plazo, como pretende comunicarse al país en forma populista,
sino que sería gradual, reemplazando el copago de las familias por una ínfima
subvención de gratuidad para los colegios que cumplan una serie de requisitos.
Respecto a las Escuelas Especiales:
La Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales (UNEES) hace ver a la
opinión pública la dramática situación que la Ley de Inclusión generará a las familias
con hijos e hijas con necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes.
El ex ministro de Educación planteó públicamente que “Las Escuelas Especiales,
están demás, no se justifican”. Es por ello que el legislador ni pensó ni consideró a
estos niños y niñas, los más vulnerables, simplemente eliminando sus escuelas, con la
idea de que sean integrados a las escuelas regulares, las que no cuentan bajo ninguna
circunstancia con las posibilidades de infraestructura, personal capacitado ni atención
individual y personalizada.
Las escuelas regulares, cuyos estudiantes son atendidos por profesores no
especializados y sus matrículas pueden ser de hasta 45 alumnos por sala, no tienen
ninguna posibilidad de brindar la atención que requieren.
