Los parlamentarios buscan que se realice una investigación para evitar que se divulguen por la prensa antecedentes que forman parte de las pesquisas para dar con los responsables de los atentados.
Un oficio de fiscalización dirigido al fiscal nacional, Sabas Chahuán, fue ingresado este jueves por los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Arturo Squella (UDI) frente a la serie de filtraciones a la prensa que ha habido en el marco de la investigación por el bombazo en el SubCentro del metro Escuela Militar, el pasado 8 de septiembre.
Para los diputados, esta situación es “grave” e incluso está tipificada como delito en el artículo 21 de la Ley Antiterrorista, donde se establecen penas que van desde los 541 días a 3 años de cárcel a los funcionarios públicos que divulgan información. Por ello, los parlamentarios presentaron una denuncia con el fin de que se inicie una investigación que no sólo permita dar con los responsables de la entrega de información confidencial a los medios de comunicación, sino también evitar que se repita este tipo de actos.
“Nosotros creemos que le hace muy mal al país que se divulguen informaciones incluso antes de la formalización, y que los medios de comunicación tengan antecedentes antes que los tribunales no corresponde. Si la ley establece que esta filtración no se puede hacer, entonces hay que hacer la denuncia para que se investigue y se aplique la penalidad si corresponde”, aseveró Fuenzalida.
Respecto de la eventual participación de actores políticos en las filtraciones, el diputado RN expresó que “han existido comentarios por la prensa de que se ha recibido información de actores políticos (…) La ley existe y es clara al establecer una sanción para ello, porque obviamente estas filtraciones entorpecen el procedimiento y la investigación, de manera que ésta será la primera señal de que no es gratis filtrar información en casos tan serios como delitos terroristas”.
En la misma línea, el diputado Squella calificó como “muy grave” estas filtraciones, por lo que “no podemos dejarlo pasar”.“Creemos que con esto se está dañando al país –continuó-, y quienes están detrás de esto, que presumo no es su intención dañar al país, tienen que tomar conciencia que están frente a una situación que tiene caracteres de delito, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Antiterrorista. Desde ese punto de vista, si es que no se presenta esta denuncia, creemos que no se va a hacer una investigación formal como la que –esperamos- se sustancia luego de hacer la presentación”.
Consultado acerca de las razones por las que no se hizo este tipo de denuncias frente al llamado “caso bombas” –luego de una seguidilla de atentados a contar de enero de 2009-, Squella afirmó que “el país tiene que aprender de los errores y si es que efectivamente la mediatización de materias judiciales, que envuelven las estrategias de la fiscalía, terminan siendo discutidas por la prensa, obviamente que eso afecta el éxito de la investigación. Desde ese punto de vista, no podemos dejar pasar esta situación y esperamos que la fiscalía haga una investigación como corresponde. Y si hay responsables, que asuman las consecuencias de forma ejemplificadora, para que esto no vuelva a ocurrir”, aseveró.
Bombazo en el Barrio Yungay
Los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja se refirieron también a la explosión que se produjo esta madrugada en el Barrio Yungay, resultando un hombre fallecido al portar un artefacto explosivo.
Al respecto, Squella aseguró que “de haberse desarrollado, estaríamos frente a un acto terrorista”, y llamó al Gobierno a no “subestimar” la situación.
“Estamos claros que es deber de las autoridades no alarmar exageradamente a la ciudadanía, pero hay que tener mucho cuidado con subestimar lo que está ocurriendo. Estamos frente a terrorismo, no sólo en la región Metropolitana sino también en La Araucanía, y en este último punto, sería bueno que dejáramos de lado los eufemismos de ‘conflicto social’ y habláramos también de ‘terrorismo’, que es lo que se está desarrollando en La Araucanía”, afirmó.
Para el diputado Fuenzalida, en tanto, “lo ocurrido en la madrugada de hoy delata que el tema de las bombas no termina con la formalización de tres implicados, esto sigue, y tenemos que ser claros que en Chile hay terrorismo y que hay que enfrentarlo con herramientas que hoy día no tenemos”, por lo que pidió “dar toda la urgencia necesaria para tener una legislación acorde para enfrentar el terrorismo”.
A su turno, la diputada Marcela Sabat (RN) enfatizó que el último bombazo “deja de manifiesto que los actos terroristas pueden llevarse a cabo por individuos ajenos a una grupo, por lo que esperamos que el Gobierno se abstenga de reformas que sólo permitan calificar una conducta como terrorismo cuando se lleve a cabo en el seno de una organización”.
