Los parlamentarios gremialistas redactaron un documento que esta tarde le entregaron al ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
Un nuevo trato laboral, mejoras en los Centros de Educación y Trabajo (CET), incentivos tributarios a la contratación, seguimiento de los egresados del sistema penal y cambios en Gendarmería son los cinco pilares de la propuesta que esta tarde entregaron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Arturo Squella y Ernesto Silva al ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
“Preocuparse de los condenados es preocuparse de las víctimas”, enfatizaron los parlamentarios, añadiendo que “hoy día no existe un esfuerzo sistemático y profundo y una convicción en la sociedad de que preocuparse por la rehabilitación y reinserción de los condenados es una manera de disminuir la delincuencia y darles una nueva oportunidad a los condenados”.
Con este convencimiento, Squella y Silva recorrieron distintos penales y elaboraron un documento en el que “presentamos un conjunto de medidas que apunta a fomentar la reinserción laboral. Estas medidas se traducen en integrar e incorporar a la ciudadanía, particularmente a la empresa privada, en la contratación de personas que están actualmente condenadas”.
En su propuesta, los diputados gremialistas incluyen medidas que apuntan a una flexibilización laboral e incentivos tributarios para la contratación, con el fin de “sopesar lo que significa para un empresario contratar a una persona que puede tener un ‘mayor riesgo’”.
Al respecto, una de las medidas contempladas en el documento consiste en otorgar un crédito contra impuesto de 1° categoría equivalente al 50% de la remuneración del trabajador contratado. A esto, se suma la flexibilización en materias como los horarios laborales, incorporación de nuevas causales de despido, prescindencia de indemnizaciones por años de servicios, entre otras.
Asimismo, los legisladores plantearon la necesidad de aumentar y mejorar los Centros de Estudio y Trabajo (CET), establecimientos en que las personas privadas de libertad cumplen su condena accediendo a actividades de capacitación y trabajo remunerado, con el fin de prepararse para enfrentar su reinserción socio-laboral al egresar del sistema penitenciario. Actualmente, los CET sólo ofrecen 713 puestos de trabajo –para una población penal que supera las 100 mil personas- y se encuentran en sólo 11 regiones del país.
“Es un deber del Estado agotar sus esfuerzos por reinsertar a las personas que están en el sistema penal”, sostuvieron los parlamentarios.Tras el encuentro con el ministro Bulnes, los diputados Squella y Silva comentaron que “hemos encontrado una respuesta muy entusiasta de parte del ministro, con gran coincidencia entre nuestra propuesta y la labor que está desarrollando Justicia”, por lo que -afirmaron- “esperamos que varias de estas iniciativas se conviertan en proyectos de ley”.
