Menu

 

 

 

 

A+ A A-

Experto cuestiona negociación del Gobierno con concesionaria por nuevos pórticos de la Ruta 5 Norte.

 

El especialista en transporte y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, afirma que los nuevos tags en el tramo Santiago-Los Vilos no eran la única alternativa para financiar el mejoramiento de la vía. En lugar de esta medida, que provocó la protesta de vecinos de Lampa esta mañana, el Ejecutivo podría haber ofrecido a la empresa la extensión de los años de concesión. Sin embargo, el académico estima que en este momento la decisión es prácticamente irreversible, ya que está definida por contrato. “El problema es que el usuario se siente pasado a llevar, y tampoco se le dan alternativas adecuadas para el uso de esas autopistas, como que el Transantiago llegue a esa comuna”, afirma.

Un grupo de vecinos de la comuna de Lampa protestó esta mañana contra la instalación, el próximo año, de ocho tags en la Ruta 5 Norte, vía que se mantiene en obras de mejoramiento. Aunque la autoridad plantea la opción de las caleteras, que podrán ser usadas sin ningún costo, los manifestantes reclaman que el transporte público rural subió a $1.100 en noviembre y se espera una nueva alza este mes. La alcaldesa de la comuna, Graciela Ortúzar, sostuvo que desde 2014 que vienen exigiéndole al Gobierno que cumpla el compromiso de plantear mitigaciones por la instalación de estos nuevos pórticos, sin resultados.

Para el experto en transporte y logística y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Pedro Sepúlveda, los términos del contrato podrían haber sido mejor negociados entre el Gobierno y la empresa concesionaria, a fin de que esta última mejorara la vía. Por ejemplo, indica que el Ejecutivo podría haber negociado, a cambio de la instalación de nuevos pórticos, extender el plazo de la concesión. Por eso, rechaza que los tags, que según el MOP comenzarían a cobrarse en marzo, fueran la única alternativa para llegar a acuerdo.

El académico considera que otra manera de darles alternativas económicas a los habitantes de Lampa, para acceder al centro de Santiago, habría sido que el Transantiago llegara hasta la comuna, algo que actualmente no sucede.

“El problema es que el usuario no se siente escuchado, sino pasado a llevar, y que no se le dan alternativas adecuadas para el uso de esas autopistas”, afirma. “En el tema de las concesiones, no se toma muy en cuenta a los usuarios y las implicancias que un proyecto tiene sobre su economía y tiempos de traslado. Esto debiera incluirse a futuro”, agrega.

Sin embargo, el especialista considera que revertir la decisión de instalar estos nuevos pórticos en el tramo Santiago-Los Vilos “es bastante difícil”. “Lo único que se puede hacer es apelar a la buena voluntad de la concesionaria, pero eso dependería directamente de ellos. Lo otro es desconocer el contrato, lo que tiene implicancias mucho más complejas y abre la puerta a otros problemas”, sostiene.

Finalmente, el Dr. Sepúlveda concluye que “a futuro, sí se deben revisar bien cuáles son los términos de los contratos porque, dado el alto nivel de ganancias que tienen las concesionarias, quizá esas inversiones no deberían tener un pago extra”.

Experto sostiene que aplicar multas al Transantiago provocaría una menor calidad en su servicio.

El especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, afirma que el hecho de que ninguna de las operadoras cumpla el mínimo de calidad, según sus propios usuarios, se debe a deficiencias estructurales, como la baja velocidad y frecuencia de los buses. Sin embargo, estima que aplicar multas sobre un sistema con malos resultados económicos puede hundir aún más al transporte capitalino. Por eso, apoya la elaboración de un modelo que entregue incentivos a las empresas, tal como lo contempla la nueva licitación de este servicio.

Según el último balance del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), evaluación hecha por ‘pasajeros incógnitos’, ninguna de las siete empresas operadoras del Transantiago ha cumplido con el estándar mínimo de calidad desde hace cinco años. Al respecto, la ministra de Transportes, Paola Tapia, sostuvo que se están tomando medidas para mejorar la percepción de los usuarios. En ese sentido, destacó que la nueva licitación contempla incentivos para que las empresas obtengan mayores ingresos, dependiendo de la evaluación de los pasajeros.

¿Sería mejor aplicar multas en vez de incentivos? ¿Hacer de esto algo obligatorio y no optativo? Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, la respuesta es negativa. “Cuando tienes un sistema que económicamente no está bien resuelto, incluir una multa puede hacer que las cosas sean más difíciles”, afirma.

El especialista considera que en la medida que las empresas vayan cumpliendo los estándares que exige la nueva licitación, los incentivos se transformarán en un ingreso normal para las empresas, por lo que no cumplirlos, en la práctica, tendría el mismo efecto que una multa. “Están apareciendo incentivos dentro de la nueva licitación para que la calidad para los usuarios sea mejor”, estima.

Martin señala que lo más destacable de la nueva licitación es el cambio de enfoque en cuanto a la forma de entregar recursos a las empresas, que considera la opinión de los pasajeros. “Los incentivos tienen que ver con una interpretación que sugiere que Transantiago debe surgir a través de una participación más importante de las personas, y no solo como un esquema de ingeniería, abstracto, que fue como se inició el Transantiago”, considera.

Causas de la mala percepción

Para Martin, la principal causa de que los pasajeros califiquen con menos del 85% de cumplimiento aspectos como la conducción de los choferes, deficiente acercamiento a los paraderos, falta de claridad respecto a la información de los recorridos, etcétera, se debe, fundamentalmente, a males que se han enquistado como estructurales para el sistema de transporte.

“Uno podría ir en un bus con Wi-Fi y asientos muy buenos, pero si no pasa a la hora, va a seguir teniendo una percepción negativa del sistema”, explica. “Se han ido sumando cosas, una sobre la otra. Tenemos una mala calidad en términos funcionales, en variables como tiempo y frecuencia. Si eso se ha sostenido durante los diez años que ha durado el transporte, genera un desánimo gigantesco”, insiste.

Por eso, afirma que un cambio de nombre o de colores de los buses no provocaría modificación en la opinión de las personas. “Para mejorar la percepción hay que avanzar en problemas fundamentales que van desde las vías exclusivas, velocidades, la calidad del servicio en términos de frecuencia, y luego sumarle todo lo demás, que tiene que ver con confort y tipologías de buses, y servicios asociados a los buses”, indica.

“El efecto real en las personas es algo que hay que construir responsablemente, a largo plazo. No se trata de cambiar el nombre ni de hacer una campaña de marketing”, concluye.

Declaración Pública luego de la Exitosa Movilización Nacional contra la Cotización Obligatoria en AFP.

 

El pasado miércoles 6 de diciembre salimos nuevamente en la calle; no por un capricho, ni con consignas
de campaña: salimos a la calle para exigir que se dejen de vulnerar nuestros Derechos Humanos como
trabajadores y trabajadoras. Fue así que a nivel nacional, en regiones como Antofagasta, Coquimbo,
Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Metropolitana marchamos más de 6000 personas, en lo que
sin duda ha sido una gran demostración de fuerza y organización. Nosotros marchamos por una causa
justa, porque quién debe velar por nuestros derechos y por el cumplimiento de la ley, actúa precisamente
en sentido contrario, teniendo trabajadores a honorarios cumpliendo funciones permanentes y
considerándonos como independientes.
Lamentablemente esta noticia no fue cubierta por los medio de comunicación oficialistas y que
pertenecen a accionistas de las AFP, sin embargo hemos tenido mucha presencia en medios alternativos y
redes sociales que hoy son la expresión de democracia y derecho a la información, que han colaborado
con difundir nuestra demanda ante la negligencia del Estado como empleador.
Hoy nos quieren obligar a cotizar y seguir pagando el 10% de retención, con lo cual mensualmente
recibiríamos un 30% menos de ingreso cada mes. Muchas instituciones están pensando en obligar a pagar
mensualmente las cotizaciones a sus trabajadores, es decir, a partir del 2018, tendríamos que cotizar mes
a mes POR CONTRATO. Sabemos la importancia de contar con una pensión, pero no queremos ni
permitiremos que se entreguen más fondos a las AFP para después recibir pensiones de miseria mientras
sus dueños disfrutan las bondades del caribe a costa de nuestro trabajo. Junto a esto el Estado debe
reconocer que tiene en el país más de 370 mil trabajadores precarizados y que si hoy tenemos lagunas
previsionales, se debe a que el mismo estado/empleador, NO pagó nuestras cotizaciones.
A la comunidad le solicitamos entender que acá no se habla de favores o “apitutados políticos”, se trata
de trabajadores con más de 18, 20 e incluso 30 años de servicio, los cuales no tienen derecho ni a
vacaciones y mucho menos a un finiquito a la hora de ser despedidos. Hoy la justicia nos ha dado la razón,
reconociendo nuestra relación laboral con los servicios del Estado, y por más que los municipios, servicios
y universidades busquen formas de protegerse y seguir vulnerándonos, los trabajadores encontraremos la
forma de seguir adelante en nuestra lucha hasta vencer todo tipo de precarización y vulneración de
nuestros derechos al interior del Estado.
Como ejemplo, los municipios han perdido más de 16 mil millones de pesos en demandas que han sido
ganadas por las y los trabajadores a honorarios. Ante eso llamamos a alcaldes y alcaldesas a unirse a los
trabajadores y luchar tanto por nuestros derechos como por su patrimonio municipal. Emplazamos a la
Asociación Chilena de Municipalidades a dar un vuelco en su actitud de buscar salidas fáciles, las cuales no
garantizan los derechos de sus trabajadores. Hoy tienen la posibilidad de marcar un antes y un después en
la historia; hoy pueden ser parte de la transformación de sus trabajadores a honorarios los invitamos una
vez más a sumarse, luchar a nuestro lado y exigir al estado central los recursos necesarios para que sus
trabajadores no sigan siendo precarizados.
Emplazamos también al Gobierno Central, las Universidades del Estado y los Servicios de Salud a que
dejen de precarizar y tercerizar nuestra labor y a que se generen condiciones de traspaso a la Contrata
que no atenten contra nuestro sueldos ni años de trabajo.
Tenemos nuestras propuestas y han sido entregadas a las autoridades; hemos solicitado una prórroga de
la cotización Obligatoria para trabajar estas soluciones en una Mesa Interministerial, sin obtener
respuestas concretas. Por tanto emplazamos a la Presidenta, Ministerio de Trabajo y Hacienda,
Senadores, Diputados y Alcaldes a que busquemos soluciones de fondo a nuestra situación.
Saludamos a todas y todos los trabajadores precarizados que marcharon y se manifestaron a lo largo del
país, abrazamos a quienes nos acompañaron como la Coordinadora No+AFP y dirigentes/as del sector
público que entienden y solidarizan con nuestra lucha.

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES A HONORARIOS DEL ESTADO

5 mil personas beneficiadas con mejoramiento de Sistema de Agua Potable Rural en Quillota.

Se trata de obras por más de mil 500 millones de pesos

ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas en la localidad de
La Palma.

Con un sistema de agua potable de calidad y continuo cuentan las
más de 5 mil personas de la localidad de La Palma, en Quillota, que
fueron beneficiadas con obras de mejoramiento ejecutadas por el
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras
Hidráulicas.
Las obras permitirán mejorar la distribución y el abastecimiento del
vital elemento e incluyeron la construcción y mejoramiento de pesos,
dos nuevos estanques de regulación de 100 metros cúbicos de
capacidad cada uno. Medidores de caudal, impulsores u nuevas redes
de distribución.
Las obras fueron inauguradas por el intendente regional Gabriel
Aldoney, junto al seremi de OO.PP., Miguel Saavedra, el gobernador
de Quillota, César Barra, el alcalde (s) de Quillota, Oscar Calderón,
junto a autoridades locales y usuarios del sistema.
Esta obra de ampliación del Sistema de Agua Potable Rural de La
Palma tuvo una duración de aproximadamente 2 años, con una
inversión de más de mil 500 millones de pesos que dispuso el
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras
Hidráulicas dentro del Programa de APR de nuestra Región que está
siendo impulsado con gran fuerza en este Gobierno.

“Este es uno de los proyectos más grandes de Agua Potable Rural que
se han construido en el último tiempo en la región de Valparaíso. Es
un ejemplo del trabajo mancomunado entre los dirigentes y socios del
APR, con el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional,
permitiendo beneficiando a más de mil 50 familias”, explicó el
intendente Gabriel Aldoney.
El Gobernador César Barra, dijo que la iniciativa se enmarca dentro de
los esfuerzos de la Presidenta Bachelet, para apoyar y desarrollar el
mundo rural en la provincia.
“Es relevante como se potencia la vida rural. Este un gran ejemplo de
cómo la comunidad organizada con el apoyo de las autoridades
pueden mejorar su calidad de vida. Es parte del compromiso del
Gobierno para el acceso de los servicios y dar una mejorar calidad de
vida a las personas que viven en el campo, que son parte de la
actividad productiva de estos sectores”, dijo el gobernador Barra.
“Este es uno de los proyectos más importantes que estamos
terminando, estamos inaugurando una bonita obra, con más de 17
kilómetros de tuberías instaladas y más de 400 nuevos arranques para
nuevos socios, son personas que no estaban conectadas al sistema,
es un mejoramiento de la calidad de vida de las personas de este
sector”, destacó el seremi de Obras Públicas.
Oscar Calderón alcalde (s) de Quillota, manifestó su satisfacción por
esta iniciativa que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes
de un tradicional sector rural de la comuna.

Metro Valparaíso dispondrá servicios adicionales y será durante la jornada electoral del domingo 17.

 

El domingo 17 de diciembre el inicio de los servicios ferroviarios será a las 7:00 horas
desde la Estación Puerto y a las 6:55 desde la Estación Limache.

Durante toda la jornada el servicio de Metro será sin costo para los pasajeros.

Durante la jornada electoral del próximo domingo 17, Metro
Valparaíso adelantará la hora de inicio de funcionamiento respecto a un domingo habitual e
implementará 11 servicios adicionales, con el fin de facilitar el desplazamiento de las personas
que participarán el proceso de segunda vuelta.
Con una modalidad similar a la dispuesta el 19 de noviembre, las salidas de trenes comenzarán a
las 7:00 horas desde Estación Puerto y a las 6:55 horas desde Estación Limache. Tal como se hizo
durante esa jornada, se mantendrá un monitoreo constante a la demanda, de manera de activar
servicios complementarios en caso de ser necesario debido a aumentos en el flujo de pasajeros.
Desde el inicio hasta el término de los servicios del domingo 17, el transporte en Metro Valparaíso
será gratuito. El beneficio será automático para los pasajeros, ya que al pasar con su tarjeta
Metroval por los torniquetes, no se aplicará cobro.