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Gobernador César Barra destaca que migrantes pueden realizar trámites migratorios en oficinas del IPS en la provincia de Quillota.

 

“Esto es un refuerzo a la labor que realizamos cotidianamente en

la Gobernación, para atender de mejor forma a los extranjeros”,

dijo la autoridad provincial.

El Gobernador Provincial César Barra, destacó el acuerdo de

colaboración entre el departamento de Extranjería del Ministerio del

Interior y Seguridad Pública, con el Instituto de Previsión Social (IPS),

que beneficia a la población extranjera de la provincia.

Este convenio permite que los migrantes puedan realizar sus

consultas, trámites o diligencias para actualizar o normalizar su

situación en el país en las oficinas del IPS. En el caso de la provincia

de Quillota éstas están ubicadas en la comuna de Quillota en calle

Maipú n° 526 y en La Calera en calle José Joaquín Pérez n°595, local

2.

El gobernador Barra, dijo que esta iniciativa forma parte de los

esfuerzos por la inclusión que impulsa el Gobierno de la Presidenta

Bachelet, que busca fortalecer la adecuada atención a todas las

personas sin importar su origen, condición o características.

“Este convenio permite generar las condiciones para que los

extranjeros tenga documentación al día y pueda realizar los trámites

de manera ágil y más expedito. Es un refuerzo a la labor que

realizamos cotidianamente en la Gobernación, para atener de mejor

forma a las personas migrantes que ven en Chile una oportunidad de

desarrollo personal y de contribuir a nosotros como sociedad”, dijo

Barra.

Entre los procedimientos que se pueden realizar en las oficinas del

IPS se contempla la consulta del estado del trámite, la impresión de

solicitud de Visa y de Permanencia Definitiva en trámite, la impresión

de Orden de Pago de Visa Sujeta a Contrato, Temporaria y

Estudiante.

Las oficinas del IPS atienden de lunes a jueves de 08:30 a 15:30 horas

y viernes de 08:30 a 14:00 horas.

Leonardo Contreras: “Es impresentable que empresas monopólicas como Esval, tengan suspendidas las clases de toda la Provincia de San Antonio por falta de mantención”.

 

El Abogado de la ONG “Volvamos a Creer”, recalcó que si bien se logró que no se produjera un corte general del vital elemento, no evitó que cientos de niños se ausentaran de sus establecimientos educacionales durante esta jornada.

A través de las redes sociales, y medios locales, nos hemos informado de la suspensión de clases de la Provincia de San Antonio, debido al corte de agua anunciado por Esval, donde señalaban que hoy se mantendría suspendido el servicio durante toda la jornada.

“Es impresentable que empresas monopólicas como Esval, que tienen el control absoluto de la prestación de un servicio, no sean capaces de mantener en buen estado sus capacidades, su infraestructura, para entregar este servicio que el Estado de Chile, les ha entregado de manera exclusiva”, señaló Leonardo Contreras.

Si bien Esval en esta ocasión logró evitar el corte de agua, los usuarios están constantemente expuestos a este tipo de eventos, sin que existan compensaciones adecuadas “existe hace 18 años un proyecto de Ley que establece compensaciones para los usuarios de servicios sanitarios frente a cortes inesperados, este 23 de junio cumple 18 años esperando ser legislado, es impresentable que nuestros parlamentarios aún no lo hayan hecho, para que los usuarios, que son realmente afectados, sean compensados frente a este tipo de situaciones”.

Link del proyecto de Ley:
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=1040&prmBL=2357-09

Seminario internacional destacó trabajo colaborativo público-privado para combatir la corrupción.

 

El Contralor General, Jorge Bermúdez y el Director de Alliance for Integrity,

Noor Naqschbandi, inauguraron el encuentro que contó con la participación

especialistas nacionales e internacionales.

La importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado

para combatir la corrupción fue uno de los aspectos en los que coincidieron los

expositores nacionales e internacionales que participaron en el “Seminario

Internacional Anticorrupción: colaboración público-privada para luchar contra la

corrupción”, organizado por la Contraloría General de la República y Alliance for

Integrity, con la colaboración de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e

Industria (CAMCHAL).

El encuentro fue inaugurado por el Contralor Jorge Bermúdez, quien señaló que la

corrupción es un tema que “afecta de manera global a todos los países

especialmente a quienes tienen menos recursos”, y que una forma de combatirlo

es mejorando el nivel de la administración del Estado.

En ese mismo sentido, el Director de Alliance for Integrity, Noor Naqschbandi,

destacó que esta es una “problemática que impacta en la confianza de la

ciudadanía en las instituciones, en los procesos políticos, en los partidos y, por lo

tanto, en la democracia”.

“Tanto en Chile como Latinoamérica, han explotado una serie de casos de

corrupción a nivel empresarial y estatal, que han tenido repercusiones

especialmente en el ámbito económico. En ese contexto, nos parece sumamente

importante como Cámara binacional, la más grande en Chile, apoyar estas

instancias para discutir a fondo los desafíos que se vienen a nivel país y ver la

forma de prevenir las malas prácticas dentro de las empresas”,

explicó Marlene Grollmus, gerente Servicios Socios CAMCHAL, Cámara Chileno-

Alemana de Comercio e Industria.

Conversatorio y paneles de la mañana

El seminario consideró un Conversatorio inaugural que analizó la situación en

materia de corrupción en América Latina. El espacio fue moderado por la

periodista Constanza Santa María y en él participaron el Contralor General; el

Director de Alliance for Integrity; y la Regional Compliance Officer de Siemens,

Dalma Parisi. El Contralor dijo que la corrupción se manifiesta en la sociedad de

distintas maneras desde la coima o soborno, los conflictos de intereses, y el más

problemático, el trabajo mal hecho, apuntando a la falta de una cultura de la

integridad. Noor Naqschbandi explicó que una “ley no solucionará el problema.

Lograremos mejores resultados si creamos una red de buenas personas, si

compartimos los métodos y trabajamos en conjunto entre el mundo público y

privado”.

El Contralor explicó que en Chile los delitos contra la integridad tienen una

penalidad muy baja. “Una ley no basta para exigirnos un estándar ético. Es por

ello que es necesario que las leyes vayan cambiando, pero que también la

sociedad se involucre en su conjunto”.

La Regional Compliance Officer de Siemens, Dalma Parisi, coincidió con que esta

es una problemática global: “El público opina que la corrupción es un tema que se

reduce a los organismos del Estado, pero no ven que también es del sector

privado”, dijo. Dio como ejemplo el caso de la empresa trasnacional Siemens, que

se vio afectada por un caso de corrupción y que tuvo que reconvertirse y hacer un

cambio en la cultura organizacional.

El primer panel, denominado “Buenas prácticas en la región”, contó con la

participación del Director de Integridad del Ministerio de Transparencia,

Supervisión y Control en Brasil, Renato Capanema; de la Jefa de la Dirección de

Asuntos Internos de la Contraloría General de la República del Paraguay, Leila

Insaurralde; del Subregional Compliance Officer Latam Southen Merck Group,

Roberto Mendenson; y de la Subcontralora General de la República de Chile,

Dorothy Pérez. Este panel fue moderado por la entrenadora del Programa de

Empresas para Empresas (DEPE), Andrea Rondot. En él se dieron a conocer las

herramientas utilizadas por organismos de América Latina para luchar contra la

corrupción e incentivar su uso por parte de otras entidades.

Renato Capanema explicó que en Brasil se ha avanzado en más y mejores leyes

anticorrupción, pero también en la prevención de los delitos en contra de la

probidad. Ejemplificó, con el programa Pro Ética aplicado en su país para apoyar a

las empresas privadas a implementar programas de integridad.

De Paraguay, Leila Isaurralde señaló que la Contraloría General de la República,

estableció el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas

(MECIP) que propone una estructura de control para la organización como una

herramienta de apoyo a su propia gestión.

Desde el ámbito privado, Roberto Mendenson enfatizó en que es necesario

establecer herramientas prácticas, y políticas claras y específicas en las

empresas, así como estar atentos a las señales para evitar la corrupción.

La Subcontralora Dorothy Pérez abordó el rol de las Entidades de Fiscalización

Superior (EFS) de la región en la promoción de la integridad y dio a conocer

ejemplos de aplicación de herramientas de prevención y detección de la

corrupción. Entre ellas, la implementación de un Sistema de inconsistencias de las

declaraciones juradas en Costa Rica; el Reconocimiento a las buenas prácticas en

la Administración Pública, en Uruguay; el Programa de Planificación Participativa,

en Argentina; la Dirección de asuntos éticos, participación ciudadana y control

patrimonial, en Ecuador; el Portal Contraloría y Ciudadano, en Chile; Auditoría

Coordinada en materia ambiental y la Auditoría Coordinada de Género, en Chile.

En el segundo panel, “Herramientas de prevención de la corrupción”, participaron

la Coordinadora del Área Anticorrupción del Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), Verónica Cid; el Director de Cumplimiento y Seguridad

Operacional del Banco Estado, Álvaro del Barrio; y el Investigador Asociado de la

Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, Juan Ignacio Belbis. Fue moderado

por el Legal Advisor de Bayer S.A, Alberto Zink, y se abordaron los instrumentos

preventivos aplicados al trabajo anticorrupción y experiencias del ámbito público y

privado.

El último panel, titulado “Cooperación sector público privado y sociedad civil” contó

con la exposición de la fundadora de BH Compliance y Directora de Chile

Transparente, Susana Sierra; del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Probidad

y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo

Mora, y del Presidente Ejecutivo de Espacio Público, Mauricio Duce. Fue

moderado por el Director de la Red Argentina de Pacto Global, Flavio Fuertes. En

este espacio se profundizó en la relevancia del trabajo conjunto para combatir la

corrupción, mediante alianzas estratégicas para aplicar y consolidar buenas

prácticas.

Padres, apoderados y sostenedores exigen aclarar incertidumbres sobre Ley de Inclusión.

 

En Comisión de Educación de Cámara Baja a 10 días de plazo para informar conversiones

Problemas en Maipú, en Antofagasta y en distintas regiones ha generado la puesta en marcha de la Reforma Educacional Escolar, donde apoderados han debido hacer largas filas para conseguir matricular a sus pupilos, con el problema agregado de no saber si sus colegios se convertirán en particulares pagados o cerrarán, debido a los nudos de la ley respecto a los bancos, Servicio de Impuestos Internos e implementación académica, entre otras dificultades que presenta.

Hasta el ex Congreso Nacional llegaron padres, apoderados y sostenedores de distintos establecimientos educacionales de Santiago y la Quinta Región para participar en la última reunión del mes de junio de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, realizada hoy, lunes 19 de junio. En ella expuso el secretario de la Reforma Educacional Escolar, Andrés Palma, quien fue emplazado por los parlamentarios y los asistentes a entregar información fidedigna respecto a las estadísticas de los colegios que se convertirán en fundaciones o corporaciones, en particulares pagados o cerrarán, ad portas de la fecha para informar a los apoderados este 30 de junio.

Al término de la reunión, y en medio de la protesta de los padres y apoderados asistentes, Andrés Palma señaló que “las principales dificultades que nos han planteado tienen que ver con la tasación de los inmuebles educacionales y lo que nosotros les hemos planteado es que vayan a los bancos y que nos lleguen con las tasaciones, porque lo que nos dicen es que la relación de 110 UF por alumno sería muy poco para algunos establecimientos, y si eso es así hay un mecanismo en la misma ley que permite resolverlo, pero sin los datos duros uno no puede informar adecuadamente en la situación”.

En cuanto al problema con el SII, indicó que “también es un tema que hay que ver caso a caso, porque el problema de las tasaciones es que la dispersión es muy grande. Entonces, el sostenedor tiene que acercarse al SII para que les actualice la tasación a quienes quieren continuar con arriendo a largo plazo, pero el único que puede hacer ese trámite es el propietario del inmueble, el SII no lo puede hacer de oficio, ni puede el Ministerio de Educación decirle al servicio que lo haga, entonces a veces hay un retraso de los sostenedores en hacer la solicitud. Quiero decir que tenemos un acuerdo con el SII de que si un sostenedor va a solicitar una retasación, inmediatamente se le tramita”. A pesar de todo lo anterior, fue enfático en que no se aplazará la fecha de informar dispuesta para el 30 de junio y que se implementará la tómbola en las demás regiones tal como en Magallanes.

REACCIONES

Frente a esto, el diputado Jaime Bellolio reaccionó molesto, recalcando que junto a los demás parlamentarios presentes “nosotros hemos visto en la realidad y no en el mundo ideal en que al parecer vive el señor Palma que hay colegios que se están cerrando, que se están convirtiendo en particulares pagados, y a quienes más daña son a las familias de clase media y a las más vulnerables, que las están dejando sin posibilidades. La ley que ellos hicieron hace que todos los colegios tengan que ser dueños de su infraestructura y eso es imposible para muchos de éstos. Además hasta ahora sólo un banco va a poder dar crédito y la mayor parte de los colegios no van a ser sujeto de crédito. Todas las otras cosas que los colegios construyeron para su proyecto educativo no van a estar incorporadas, no va alcanzar la plata para el arriendo ni menos para la compra, entonces eso es un problema y para ellos no lo es. No quieren ver la realidad”.

El parlamentario explicó que “nosotros pedimos esta reunión para que nos entregaran la información, por supuesto aquella que tiene que ver con la tómbola, la entregan con una presentación, y aquella que tiene que ver con los cierres y traspasos a colegios particulares y la entregan de manera informal, contradictoria además con otra información que se había entregado previamente por el Ministerio de Educación, con la cual no tenemos ninguna confianza en que esos sean los datos reales. Aquí pareciera que estamos viviendo en planetas distintos. Mientras el Mineduc y especialmente el señor Palma dicen que todo está bien, nosotros vemos que los apoderados están muy aproblemados y los colegios también, y lo que queremos es que haya más oportunidades y no menos”.

LEY IDEOLÓGICA

Es el caso del apoderado Carlos Correa, cuyo hijo está en el Colegio del Valle, antigua Academia de Talagante, quien está en completa incertidumbre. “Lo que pasa es que en Maipú, que es la comuna donde vivo yo, hay 185 colegios particulares subvencionados y 26 colegios municipales. Somos 80 mil padres y 85 mil alumnos en educación particular subvencionada y solamente 19 mil en educación municipal. Entonces, la verdad es que hoy día si un porcentaje ínfimo de los 180 colegios, o sea que pasaran el 10% o el 20% a particulares, nosotros no vamos a encontrar cupos en la educación municipal. Ese es el problema que prácticamente existe, y es el mismo problema que se traduce en todas las comunas del país. La educación municipal no tiene capacidad para recibir a nuestros hijos. Ésta es una ley ideológica, no es una ley que esté mejorando la calidad o la inclusión”, afirmó preocupado.

Por su parte, la presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, Érika Muñoz, advirtió que “hoy día lo que nosotros podemos palpar es que se cumple lo que dijimos desde el inicio que se presentó cuando esto era un proyecto de ley. Hoy día la Ley de Inclusión está cerrando colegios particulares subvencionados, está haciendo que se pasen a particular pagado, porque la imposición de la ley no deja otras opciones a los sostenedores, lo que resulta para las demás familias como un cierre total de la educación de sus hijos. Tenemos en diferentes partes del país colegios que se están pasando a particular pagado en gran número, lo que deja a miles de niños sin la posibilidad de seguir estudiando en los colegios que sus padres eligieron libremente”.

Érika Muñoz agregó que existen ejemplos muy claros expuestos a Andrés Palma, como el caso de Antofagasta. “Más de 15 colegios en Antofagasta ya avisaron su paso a particular pagado, lo que deja a más de 12 mil niños sin la posibilidad de seguir estudiando n esos colegios, y la matrícula municipal en Antofagasta es pequeña. Los cupos en los colegios municipales no dan abasto para recibir a esos niños. Lo mismo pasa en Maipú, La Florida y Coquimbo. En La Serena, 11 colegios avisaron el jueves pasado su paso a particular pagado, y la matrícula municipal no da abasto. Por lo tanto, lo que nosotros dijimos desde el inicio, que nuestros niños iban a quedar en la calle y sin un colegio donde estudiar, es una realidad”, concluyó.

Amplitud y Reforma Tributaria: “El Gobierno le mintió a todo el país. Es una vergüenza”.

 

Desde Amplitud, único partido que votó en contra de la reforma, analizaron la autocrítica del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien reconoció que fue un error decir que la iniciativa “no tendría ningún impacto”.

“Queda de manifiesto que ésta fue una mala reforma tributaria, que sí afectó el empleo, que si afectó a la pequeña y mediana empresa”, afirmó el vicepresidente nacional, Patricio Nawrath.

Molestia e indignación causó en Amplitud la “autocrítica” realizada por el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien reconoció que fue un error afirmar que la Reforma Tributaria, aprobada el 2014, no tendría ningún impacto en el país.

En aquella oportunidad, la reforma Tributaria fue aprobada con votos de casi todas las colectividades, salvo el partido de oposición e ideas liberales, Amplitud.

“Nosotros consideramos este anuncio tardío. Fuimos el único partido político que votó en contra de esta Reforma, y nosotros presentamos propuestas para mejorar la iniciativa y no fuimos escuchados por el Gobierno”, afirmó el vicepresidente nacional, Patricio Nawrath.

El dirigente de Amplitud agregó que “queda de manifiesto que ésta fue una mala reforma tributaria, que sí afectó el empleo, que si afectó a la pequeña y mediana empresa”.

Por su parte Ana Cuadros, también vicepresidenta nacional, sentenció que “el ministro de Hacienda aparece en los medios diciendo que debieron decir la verdad, que debieron señalar que la reforma tributaria efectivamente iba a tener un impacto, que había que hacer un sacrificio a corto plazo para un bien a largo plazo. La verdad que da vergüenza. De nuevo este Gobierno nos ha mentido”.

“¿Esta gente tiene idea del daño que le han hecho al país? ¿De los miles de empleos que se han perdido? ¿De la cantidad de familias que han sufrido con este nuevo engaño del Gobierno?”, concluyó la abogada.