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El diputado por la zona insistió en que ENAP y su directorio deben asumir las responsabilidades que les corresponde, en este caso que ha afectado tan profundamente a las comunas de Quintero y Puchuncaví.


Tras las últimas declaraciones en que ENAP cuestiona las resoluciones del Fiscal Marítimo, el diputado Christian Urízar insistió en la necesidad de que la empresa asuma las responsabilidades que le corresponden, frente a un hecho de tanta gravedad, como fue el derrame de 40 mil litros de petróleo en las costas de Quintero.


Cabe destacar que la Fiscalía sindicó al buque “Mimosa”, al capitán del remolcador “Puyehue” y al práctico de puerto como involucrados en el vertimiento, estableció que ENAP tendría responsabilidad en el hecho, estableciendo para esta empresa la mayor de las sanciones, con una multa de $450 millones.


Frente a esta resolución, ENAP salió al paso argumentando que ha hecho esfuerzos para mitigar los efectos del derrame, poniendo en tela de juicio los cargos formulados por la autoridad fiscalizadora.


Consultado al respecto, el diputado Urízar reiteró la gravedad de este derrame, que tanto daño ha causado a la comunidad local y a todo el medio ambiente, teniendo en cuenta que el daño causado es sencillamente irreparable. “Aquí no se trata sólo de retirar los restos de petróleo, puesto que aquí hay un daño económico, social, cultural y medioambiental”.


Responsabilidad


“El último informe que hemos conocido acerca del derrame de petróleo en las cosas de Quintero y Puchuncaví da cuenta de la tremenda responsabilidad de la empresa ENAP en estos cerca de 40 mil litros vertidos en estas costas. Aquí hay responsabilidad política y no se puede eludir el problema generado en las costas de Quintero y Puchuncaví, por la empresa Enap”, recalcó el parlamentario, quien ha estado presente durante todo el proceso, junto a los afectados.


Por lo mismo, Urízar formuló un llamado a la Presidenta Bachelet en orden a que el directorio y la gerencia de ENAP se responsabilicen y se adopte las medidas que sea preciso, desde el punto de vista político y administrativo, puesto que este hecho también implica responsabilidades políticas de quienes están a cargo de la empresa estatal.