Ministro de Educación da disculpas a más de 400 sostenedores.

En el Congreso Nacional.

En asamblea ampliada realizada en el Salón de Honor, el superintendente de Educación anunció que la entidad pública flexibilizará las fiscalizaciones, de manera que se pueda trabajar en conjunto con los sostenedores, y así subsanar posibles irregularidades ocasionadas por la implementación de la Ley de Inclusión.

Frente a más de 400 sostenedores de colegios particulares subvencionados de Chile, el ministro de Educación, Gerardo Varela, pidió perdón por lo que consideró “un sesgo inadecuado en la forma de tratar las políticas públicas. Cuando se hace política pública sin evidencia o con evidencia incompleta, se producen problemas como los que estamos viviendo, y por eso creo que el deber de todo Ministerio es tener la cabeza fría, objetividad y atenerse a la evidencia, y en función de esa evidencia hacer políticas públicas”, indicó el jefe de la Cartera, refiriéndose a los errores, inconsistencias y problemas administrativos, económicos y judiciales que ha significado para los proyectos educativos la implementación de la Ley de Inclusión a nivel nacional.

Las declaraciones fueron entregadas al finalizar la asamblea ampliada, organizada por la Red de Sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados, REDCO V Región, denominada “¿Cómo avanzar en calidad educacional en un clima de incertidumbre?”, que se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional durante la mañana de hoy, martes 14 de mayo, a la que además del ministro de Educación, asistieron el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo; la secretaria regional ministerial, Patricia Colarte; el diputado Luis Pardo, miembro de la Comisión de Educación; y más de 400 sostenedores de Chile.

El ministro de Educación escuchó atentamente los problemas expuestos por el presidente de REDCO V Región, Rodolfo Orrego, calificándolos como “ripios” que traban la labor de sostenedores, profesores y apoderados, por lo que se deben revisar las normas y su aplicación práctica, ya que no ha sido la correcta. Destacó que la importancia radica en “preocuparnos y ocuparnos de la calidad de la educación, y la relación virtuosa entre profesores y alumnos”, reafirmando que el objetivo es “darles la mayor cantidad de oportunidades posibles a los estudiantes”.

Consultado por las más de 1800 obligaciones que deben cumplir los sostenedores, Gerardo Varela explicó que hay que revisar su pertinencia, además de actuar con criterio frente la aplicación de sanciones, y que el “Ministerio actúe coordinadamente”, con el fin de que sostenedores y profesores sepan a qué atenerse y dedicar su tiempo a lo más importante, a los niños”.

Entre los problemas más destacados, los sostenedores expusieron el tema del traspaso de las sociedades antiguas a entidades sin fines de lucro; arriendos, apoyo de bancos y definiciones de Corfo por los créditos, los que el ministro de Educación calificó como “tierra de nadie” y a los que aseguró, hay que darles certeza jurídica.

Otro de los puntos fue la sensación de recibir discriminación de parte del Estado en la entrega de computadores para los alumnos. En esta materia, Gerardo Varela indicó que el Ministerio de Educación en estos momentos está heredando el trabajo de los municipios “y no podemos escudarnos en que la educación subvencionada es mejor y la municipal es mala. Apreciamos la diversidad de los proyectos educativos y el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, (y debemos) colaborar para que no se pierda, conciliándolo con las restricciones que nos ha puesto la legislación”, refiriéndose a la Ley Nº 20.845.

Además, indicó que hay que hacer las correcciones necesarias al proceso de selección, para que no elimine el factor de elección, sino que abarque la asignación de prioridades de los padres.

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Por su parte, el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, indicó con honestidad a los sostenedores que durante los próximos cuatro años van a surgir problemas, sin embargo “cada vez que vayamos a un establecimiento educacional y detectemos incumplimientos débiles o semigraves, les daremos a ustedes la oportunidad de mejorarlos antes que multarlos”, siendo aplaudido por la asistencia.

A su vez, agregó en cuanto a la transparencia, que “como Superintendencia de Educación, vamos a fiscalizarlos en que compartan los resultados académicos y extracurriculares con las familias, porque cuando las familias se involucran, aportamos a una mejor educación”.

En cuanto al gasto de los sostenedores en el mejoramiento de la infraestructura o mantención de inmuebles, recalcó que “las cifras de los últimos años muestran que hay un gran porcentaje de recursos públicos que hoy día no se están gastando. Esa ineficiencia no la podemos olvidar, por ejemplo, en la Subvención Escolar Preferencial, por lo cual, como Superintendencia de Educación, estamos trabajando en la medida que la ley nos lo permita en interpretar dichas leyes y, así, buscar un mayor grado de flexibilización”.

El superintendente de Educación, añadió que “hemos visto que determinadas remuneraciones y bonificaciones para los profesores o inversiones y mantención de inmuebles puedan ser solventadas con dichos recursos en pos de mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, no queremos desconocer la gran burocracia que el sistema tiene producto del frenesí legislativo que hemos visto, no solamente por la Ley de Inclusión, sino que hay otras leyes que aportan en esta problemática”.

ACOGIDA DISTINTA DE LA AUTORIDAD

En su discurso, el presidente de REDCO V Región, Rodolfo Orrego, hizo un resumen de todo el trabajo que junto a otras organizaciones a nivel nacional han hecho los sostenedores durante cuatro años, con el fin de ser escuchados y prevenir las consecuencias de una ley que no tuvo la suficiente planificación en los ámbitos administrativos, legales y económicos, además de no tomar en cuenta el tema principal que es mejorar la calidad de la educación, labor que ha sido ampliamente desarrollada por los proyectos educativos de los colegios particulares subvencionados, que corresponden al 54% del total de establecimientos educacionales de Chile.

“De pronto, ya hemos sentido una acogida distinta de la autoridad. Un ánimo de mutua colaboración y no un afán punitivo, y sin exagerar represivo, como ha sido en el pasado inmediato. Por eso, hoy los presentes venimos a testimoniar ese compromiso con nuestras autoridades, les decimos cuenten con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes”, indicó Rodolfo Orrego.

A su vez, señaló que “debemos resolver la odiosa inequidad entre niños de 1ª, 2ª y 3ª clase, si son de este sistema o de otro, si tienen tal o cual condición. Nuestros alumnos, donde se concentra sobre el 40% de niños y jóvenes vulnerables, por mezquinos intereses, han dejado de recibir beneficios de programas estatales como por ejemplo “elijo mi PC” o, más básico aún, la alimentación Junaeb”.

Además, señaló que se debe recuperar la dignidad. “No es razonable existan fiscalizaciones draconianas y sin criterio. Desde la llegada de los fiscalizadores en vehículos casi idénticos a los de la PDI, parte todo mal. Luego viene, la presunción de culpabilidad, buscar cualquier falla y la persecución, hasta que podamos “demostrar nuestra inocencia” para intentar evitar el proceso y la multa impagable, esas multas como para quebrar económicamente a cualquier escuela promedio. Por ello requerimos cordura, templanza y criterio en estos procedimientos, marcha blanca en este período caótico, en que nadie entienda casi nada. Es indispensable mayor capacitación en habilidades blandas de su personal. Y, obviamente, personal no ideologizado como “antisostenedor”, sino funcionarios pro calidad de la educación, con criterio de fiscalización aportativa al proceso de educar y hacerlo mejor”.

El dirigente, conminó a buscar el ajuste legal pertinente para un “perdonazo” general a los innumerables procesos pendientes, y solicitó claridad y certeza jurídica de la aplicación de la norma respecto a los temas centrales que abordó la mal llamada Ley de Inclusión, que principalmente tienen que ver con la propiedad de los bienes y el financiamiento. “Un sostenedor serio no puede proyectar su colegio sin tener claro las condiciones de los arriendos, las opciones de ventas y todo lo que ello implica, o cómo manejar y proyectar los presupuestos con gastos al alza e ingresos impredecibles dado el congelamiento del Ficom y una gratuidad confusa, inexistente o inciertamente futura que ha generado expectativas irreales”.

Finalmente, recalcó que el Estado ha tratado las remuneraciones del sector Municipal respecto del Subvencionado Particular con recursos adicionales en bonos y otros beneficios laborales “que ha generado una odiosa inequidad en perjuicio de nuestros docentes, que se verá acentuada gravemente en la aplicación de la Ley 20.903 de Desarrollo Profesional Docente. Pedimos inmediata revisión de ello, por la dignidad salarial del profesorado”, manifestó Rodolfo OIrrego, presidente de REDCO V Región.