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Y que, presumiblemente, ya instalaron:

El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Humberto Verdejo, sostiene que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, establece sanciones ante hechos consumados, en alusión a la adquisición por parte de empresas del rubro de más de 8 mil kilómetros de cableado que incumple el estándar que impide la propagación de incendios.

Si bien la SEC conoce esta problemática, no tiene registro aún de si las empresas ya instalaron estos cables, asunto que reviste alta gravedad.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) detectó el ingreso, desde España, de más de ocho mil kilómetros de cables eléctricos que no cumplen con los estándares de seguridad que establece Chile. Por ejemplo, no detienen la propagación de incendios. El ente fiscalizador solicitó a cerca de 230 empresas, información respecto de quién lo adquirió, y dónde y cuándo lo instalaron.

Para el Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Humberto Verdejo, este hecho demuestra que el modelo de fiscalización que implementa la SEC ostenta serias deficiencias, ya que la investigación, resultados y sanciones se efectúan ante hechos consumados. “Hay una prevención muy pasiva”, advierte.

Actualizar la Ley y aplicar nuevas sanciones

De acuerdo al especialista de la U. de Santiago, quien lidera el Departamento de Ingeniería Eléctrica, lo mínimo que debiera asegurar la Superintendencia es que no entren al país cables que incumplen los estándares. “En adelante, habrá que entregar una muestra de que los materiales que se utilizan son los que establece la norma, antes de que se efectúe la adquisición”, insiste.

El Dr. Verdejo enfatiza, en la misma línea, que el mayor problema es que de acuerdo a la normativa nacional, estos cables que son de la familia RZ1-K, libre de halógenos, se utilizan en lugares de alta afluencia de público, como centros comerciales, hospitales, colegios, estadios y edificios residenciales, entre otros. De allí que, además, urge revisar la actual normativa para evitar catástrofes que nadie quiere lamentar o hacerse cargo.

“El ingreso al país de este cableado es impresentable y es una demostración más de que nuestra regulación tiene que cambiar”, afirma en alusión a la Ley General de Servicios Eléctricos, marco regulatorio que data de 1982, y añade: “Este tipo de conductores se utilizan para distribución, lo que revela que el sector es una caja negra donde no sabemos lo que está ocurriendo. Hay que darle más poder a la Superintendencia, para que fiscalice de manera preventiva”, subraya.

Finalmente, el especialista indica que las multas con que la SEC castiga a las empresas que adquieren cableado de mala calidad no logran su objetivo, por lo que se debe avanzar en otro tipo de castigos.

“La multa se puede aplicar muchas veces y el modelo está hecho para que se puedan pagar. Aquí, lo más disuasivo es quitarle la zona de concesión a las empresas que incurren en estas prácticas, impidiéndoles, además, presentarse a ningún otro tipo de proyecto relacionado con el ámbito eléctrico”, concluye.