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El doctor en ciencias económicas y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Gonzalo Martner, indica que la posibilidad de que el 5% de cotización extra no sea administrado por AFP deja abierta la posibilidad de que sea gestionado por bancos o compañías de seguros. “El Gobierno va por muy mal camino, planteando una reforma que continuará incrementando las ganancias privadas y seguirá generando pensiones bajísimas”, afirma.

La propuesta de reforma al sistema previsional anunciada por el Gobierno no consideraría a las AFP en la administración del 5% extra de cotización que se pretende implementar. Además, estos cinco puntos serían distribuidos para financiar un bono mujer; un fondo solidario intergeneracional para mejorar las actuales pensiones; y la mayor parte destinada a la cuenta individual de cada cotizante. Este es el panorama del proyecto según trascendidos, ya que aún no ha sido presentado al Congreso.

Para el doctor en ciencias económicas y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Gonzalo Martner, ninguna de estas propuestas sirve para mejorar el problema del sistema. “Bajo este enfoque, es más de lo mismo. El cotizante tiene sigue teniendo sus cotizaciones en esta ruleta rusa de rentabilidades que ofrecen los mercados de capitales, gestionados de modo muy caro, con comisiones altísimas”, critica.

Para el experto en economía de las políticas públicas, licitar la administración de este 5% a una entidad financiera distinta de las AFP es igual a señalar que los que administrarán este fondo serán “bancos y compañías de seguros”, lo que no significaría un mayor cambio, estima. “El Gobierno va por muy mal camino, planteando una reforma que va a incrementar las ganancias privadas y generar pensiones bajísimas, como ya las conocemos”, sostiene.

Por eso, insiste en que “hay que ir a un sistema de reparto con toda rapidez. No hay ninguna razón ni técnica ni económica que impida dar ese paso con toda brevedad”.

“Tiene que haber un sistema con tres pilares”, propone Martner. “Un sistema de cobertura universal básica, que es el pilar solidario, que tiene que tener mayor magnitud. Un segundo componente, que tiene que ser de reparto –sobre este punto, señala que el mínimo obligatorio de cotización debe ser un 15%-, y uno enteramente voluntario, de capitalización individual”.

Respecto a la eventual distribución del 5% en tres partidas distintas, señala que termina transformándose “en una forma de impuesto regresiva, porque se hace solidaridad no desde los que tienen más a los que tienen menos, sino solo entre los que tienen poco, donde no contribuyen en nada los dueños del capital en Chile. El 1% de la población concentra el 33% de las riquezas de este país y esas personas libran completamente de la solidaridad en este país”.

Finalmente, descarta que estos cambios que se ha anunciado el Gobierno se concreten finalmente. “No se me ocurre una reforma radical al sistema de pensiones en un Gobierno al que le quedan menos de ocho meses efectivos de gestión. Es absurdo”.

“¿Qué viabilidad política puede tener un proyecto que aún no existe y que no ha sido enviado a un Parlamento que, a su vez, le quedan pocos meses de trabajo? Esto es demagogia a estas alturas”, concluye.

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