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Nuevo marco legal obligaría a enajenar a autoridades con al menos 5% de participación en empresas proveedoras del Estado cuyas transacciones anuales sean iguales o superiores a 100 mil unidades de fomento.

En el marco de la discusión del proyecto de ley que busca establecer la obligación de constituir fideicomiso ciego, el diputado por la provincia de Marga Marga, Arturo Squella destacó la voluntad que ha tenido el gobierno para sacar adelante el proyecto, y formuló algunos reparos a las indicaciones presentadas por el ejecutivo esta semana.

 La actual iniciativa, busca modificar el proyecto sobre mandato de administración ciega de patrimonio –MACPA-, estableciendo dos sistemas, uno de enajenación y otro de administración de valores.

 Respecto de la obligación de enajenar, se distinguen dos tipos de autoridades: Aquellas que están obligadas a vender su participación en todo tipo de empresa que sea proveedora del Estado cuyas transacciones anuales superen las 100 mil unidades de fomento siempre que la participación sea igual o superior al 5% del capital de la empresa. El segundo caso corresponde a ciertas autoridades como los ministros, subsecretarios, intendentes, entre otros, quienes sólo deben hacerlo tratándose de empresas relacionadas con el giro de sus atribuciones.

 Lo mismo sucede con la obligación de constituir mandato de administración ciego: ciertas autoridades están obligadas a constituir mandato sobre todo tipo de valores, en este grupo de acuerdo a las indicaciones del gobierno estarían el Presidente de la República, Senadores y Diputados y otro grupo es de aquellos que sólo deben hacerlo sobre bienes vinculados al ejercicio de sus atribuciones.

 Si bien se valora la incorporación de autoridades no consideradas en el proyecto anterior, el diputado Squella manifestó su interés por ampliar la norma a otro tipo de autoridades que eventualmente podrían tener conflictos de interés por la posición que detentan.

 En referencia a lo anterior, el diputado Squella miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia señaló: “En la discusión que desde ahora vamos a tener dentro de la comisión, queremos pedir que, así como se incluyó a los senadores y diputados, situación que me parece acertada, se incluya a otras autoridades como los consejeros del Banco Central, el Fiscal Nacional y los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades que también podrían tener conflicto de interés en la toma de sus decisiones”

 Squella agregó además que: “En el caso del Presidente de la República, me parece bien tal cual lo establece la indicación del ejecutivo, que se constituya una categoría distinta del resto de las autoridades. Es cosa de ver la gran cantidad de atribuciones que tiene el Presidente que podrían eventualmente tener conflicto de interés en algún tipo de actividad.

 Las indicaciones del ejecutivo sobre el proyecto ingresaron el martes de esta semana y fueron presentadas por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

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