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Para poder conocer algunos de los alcances de la nueva Ley de Fármacos que actualmente se
discute en el Congreso y los beneficios que traerá a la comunidad, debemos primero estar al
tanto de ciertos conceptos generales, de cara a una de sus líneas de ejecución que es la venta
de medicamentos OTC (aquellos que no requieren receta médica para su dispensación), en
canales alternativos a las farmacias (por ejemplo, supermercados):
Medicamento innovador o de patente es aquel que resulta de un proceso de investigación,
que está protegido por una patente y es fabricado de manera exclusiva por el laboratorio
farmacéutico que lo desarrolló.
Un medicamento genérico es aquel que no se distribuye con un nombre comercial y posee la
misma concentración y dosificación que su equivalente de marca.
Los medicamentos genéricos debieran producir los mismos efectos que su contraparte
comercial, ya que poseen el mismo principio activo, sin embargo, no siempre se conseguía
igual efecto terapéutico, y esto es debido a que por la calidad y tipo de excipientes (sustancias
que ayudan a dar forma, estabilidad, sabor, etc., a los medicamentos) y otros factores
farmacológicos, pueden no alcanzar la misma biodisponibilidad que el medicamento de marca.
Por esta razón se crea el concepto de bioequivalencia, que significa que para que un
medicamento genérico asegure hará el mismo efecto que el de marca innovador, deben tener
la misma biodisponibilidad. Los estudios de bioequivalencia hacen esta comparación entre el
medicamento innovador y el “copia”, y si poseen igual biodisponibilidad serán bioequivalentes
y, por tanto, intercambiables. Esto afecta directamente el bolsillo de la población, puesto que
un medicamento bioequivalente es de menor costo que uno de marca o innovador, pero no
necesariamente de menor costo que un genérico.
En las últimas semanas se puso en la discusión país los ejes sobre los cuales el gobierno desea
enfrentar las políticas públicas en temas de medicamentos, específicamente la Ley de
Fármacos II, y dentro de este tema se encuentra la liberalización para la venta de
medicamentos de venta directa u OTC, en canales de comercialización distintos a las
farmacias.
En este punto, el gobierno manifiesta que este tipo de medidas conduciría, producto de la libre
competencia, a una disminución del precio de los medicamentos, lo que no es correcto.
Podemos preguntarnos: ¿El medicamento es un producto comercializable bajo los términos de
la libre competencia? La respuesta no demora y es tajantemente NO, puesto que por muy bajo
costo que se venda un producto para enfermedades cardiacas, no puedo ni debo comprarlo si
no padezco esa enfermedad, por tanto la promoción del consumo de medicamentos ya está
penada por ley en Chile.
Ahora bien, si es un medicamento OTC ¿Lo puedo tratar bajo este mismo concepto,
considerando que son de venta libre, como el paracetamol? La respuesta nuevamente es NO,
dado que lo que diferencia a un veneno de un medicamento es la dosis, y lo que diferencia a
una farmacia de un supermercado, es la atención personalizada de un profesional Químico
Farmacéutico y el apoyo de los Técnicos en Farmacia. Liberar de este “control” en la venta de
este tipo de medicamentos, en un país donde la automedicación supera el 20%, es sin duda
alguna, elevar la aparición de problemas relacionados con medicamentos, que es también un
tema de salud publica.

Por otro lado, los medicamentos OTC no superar el 20% de los productos que se venden en las
farmacias, y la gran mayoría son de bajo costo, por lo que si la medida busca “aliviar” el
impacto económico sobre la población, este objetivo tampoco se cumple.
La evidencia nos indica que los medicamentos que más afectan la economía familiar son los
que requieren control médico, y por tanto prescripción médica, los indicados para
enfermedades crónicas no cubiertos por AUGE-GES, y los que están asociados a enfermedades
autoinmunes, metabólicas y catastróficas en general. Ninguna de estas enfermedades se trata
con medicamentos OTC, por lo que sacarlos de las farmacias no disminuirá costos en salud,
como el Gobierno plantea.
La educación de la población en temas de automedicación, uso de antibióticos, AINEs,
antidepresivos entre otros muchos casos, es la senda por la que debiéramos caminar, para
disminuir costos innecesarios en atención de salud por interacciones medicamentosas, y en
fortalecer la prevención de enfermedades, lo que sin duda aliviará de mejor manera la
economía familiar.
Medidas como la planteada por el gobierno de forma aislada, sin abordar los temas de fondo,
como lo es el acceso oportuno en salud para toda la población, otorgar medicamentos de
calidad, seguridad y eficacia para todos, entre otros, están destinadas al fracaso y a retroceder
en programas orientados a la salud pública, como lo hemos visto ya en países vecinos como
Argentina. Una medida de este tipo más bien parece simplista y contribuye a ampliar el radio
de acción de los empresarios del rubro, más que preocuparse de los riesgos asociados al uso
indiscriminado de medicamentos.
Finalmente, la discusión en torno a políticas públicas, debe girar en torno a los pacientes,
como lo dice la ley 20.584, deberes y derechos de los pacientes, y dejar de considerar
perspectivas puramente económicas sino que tratar al medicamento como un bien social y no
un producto de mercado.

M. Gabriela Sarrás S. Ignacio Pérez Aravena
Químico Farmacéutico Subdirector de Área de
Coordinadora Académica Escuela de Salud DUOC UC
Técnico en Química y Farmacia
Escuela de Salud Duoc UC